
Transformación integral de la zona metropolitana: Margarita
CUERNAVACA, Mor., 28 de agosto de 2018.- El presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Morelos A.C, Alejandro Smith Vázquez en consideración a los hechos suscitados respecto del socavón del paso Exprés, en Cuernavaca emitió su opinión sobre ese problema que se suscitó el pasado 12 de julio, casi dos meses después de haberse suscitado dicho problema.
Comentó que evidente que la designación de personas en los cargos públicos debe ser el resultado del concurso que evalúe la capacidad y la virtud de las personas, a fin de que las más idóneas sean quienes ocupen los cargos en donde es indispensable el conocimiento, la experiencia y la diligencia que otorgue a la sociedad civil, el servicio público que merece, es decir, el mejor posible.
De otra manera se expone a la población a la generación de políticas públicas que no son el resultado del desarrollo científico y profesional, sino de ocurrencias y que en general resultan en mal un mal servicio público.
La población merece ser servida de la mejor forma, por las personas más capaces y no por quienes sin tener las habilidades necesarias para el cargo, lo usan a manera de botín.
Dijo que todo cargo público que se otorga por designación directa, sin concurso abierto e imparcial, es una violación a derechos humanos, específicamente al derecho humano a la igualdad al acceso a los cargos públicos, como se prevé y debe interpretarse en los artículos 25 C) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23 C) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así como la extraordinaria referencia del artículo 6to de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que aquí se transcribe:
Artículo 6. La ley es expresión de la voluntad de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe ser igual para todos, sea para castigar o para premiar; y siendo todos iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.
El pueblo en consecuencia tiene el derecho de ser servido por las mejores mujeres y mejores hombres, pues el servicio público, es y debe ser un asunto de capacidades y virtudes.
Enfatizó que en el dictamen de las responsabilidades como de las soluciones deben ser escuchados los colegios de profesionistas como órganos de consulta del poder público (arts. 46 fracción V de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de Morelos y artículo 50 h), de la Ley Reglamentaria del Artículo 5to Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal).
De manera específica deben consultarse a los Colegios de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Ingenieros Agrónomos (respeto del manejo de las aguas broncas), y demás profesionistas cuya opinión resulta indispensable en bien de la colectividad.
Finalmente, Smith Vázquez dijo que respecto a la obligatoriedad de la defensa del estado de derecho y la defensa de los derechos humanos, hace imperativo que las autoridades en sus tres órdenes de gobierno coadyuven a tanto a la reparación del daño causado, a la cooperación en la determinación de responsables, y a la prevención necesaria para evitar la repetición de actos administrativos irregulares.
La impunidad que lacera al bienestar de todos, debe erradicarse, dejar de aplicar las leyes, o hacerlo a modo, a las conveniencias de grupos en el poder, sin interés en el bien de todos, es por igual recriminable.
Consideramos que para que no exista impunidad, corrupción, ni desapego a la legalidad, debe otorgarse mayores facultades a la población, a la participación ciudadana, y premiar a quienes logren restituir al erario público recursos que se hubiesen perdido a causa de la corrupción.
La compensación por el trabajo y el riesgo que hagan los ciudadanos comprometidos será la clave para vencer por fin a la corrupción y establecer un estado de derecho indubitable.