De fosas irregulares de Morelos, sólo se ha entregado el 1% de cadáveres

MORELOS, 1 de marzo de 2021.- A casi cuatro años de que se realizaron las exhumaciones en fosas de Tetelcingo y Jojutla, sólo el uno por ciento de las personas sin vida han sido entregadas a sus familiares, dijo Angélica Rodríguez Monroy, del colectivo Regresando a Casa, en el Conversatorio “¿Dónde está la verdad?, Desaparición y derecho a la información” donde participó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
En su participación lamentó que la Ley General de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares en la que colectivos de familiares de víctimas participaron, no funciona porque no cuenta con recursos ni personal suficiente además de que las fiscalías de los estados no entregan información que pueda empatarse a nivel nacional.
En el estado de Morelos fueron cerca de 200 cuerpos los que se exhumaron desde fosas pertenecientes a la Fiscalía del Estado pero que registraron anomalías en el proceso y diversas violaciones a derechos humanos.
Expuso que las familias ya no quieren que las instituciones hagan “búsqueda de escritorio” pero las fiscalías de los estados no entregan a las comisiones por lo que continúa desarticulada la operación para el trabajo con la Comisión Nacional de Búsqueda.
“En la comisión del estado de Morelos, no hay especialistas forenses aun cuando la ley mandata que debe haber especialistas y personal capacitados, datos que puedan ser compatibles. La Fiscalía no base de datos adecuada, que no alimentan diariamente y aunque lo hicieran, no se comunica con la Fiscalía General de la República pero no se hablan entre ellas”, dijo.
Para el estado de Morelos, el INAI elaboró un protocolo denominado “Protocolo para el trato digno de restos humanos información de personas fallecidas desde la perspectiva de los derechos humanos y de la protección de datos personales” trabajado con el IMIPE y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morreos que definió como un principio para llevarlo a las entidades federativas porque explica cómo debe llevarse a cabo estos procedimientos con cada una de las autoridades involucradas y entre los tres ámbitos de gobierno privilegiando “escuchar primero la verdad de las familias de las víctimas”.