CUPREDER insiste en los riesgos adicionales al Popocatépetl

CUAUTLA, Mor., 6 de junio del 2018.- Para atender las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 03/2018, se establecieron mesas de trabajo con las dependencias involucradas al análisis de riesgo sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM) en las que el Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) insiste en valorar la actividad del volcán Popocatépetl.
En entrevista, Alejandra López García, investigadora en el CUPREDER con sede en Puebla, insistió en la importancia de considerar el radio de riesgo del volcán Popocatépetl para aprobar o no la operación del PIM que en la región oriente concluye con una central termoeléctrica en que se basó la recomendación y que añade condiciones de advertencia para las comunidades de la zona.
Por violación a derechos humanos de habitantes de Morelos, Puebla y Tlaxcala derivada del PIM la recomendación se dirigió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión para el Desarrollo Indígena (CDI) desde marzo pasado por trasgredir los derechos a la consulta previa, libre, informada, y culturalmente adecuada para pueblos y comunidades indígenas sobre la construcción y operación del proyecto que incluye un gasoducto y acueducto.
Las mesas de trabajo iniciaron con la ausencia de la CNDH como observadora y con una discrepancia con la CFE que busca agilizar la operación mientras que el CUPREDER insiste en estimar si el proyecto es viable o no.
“El tema eruptivo es un fenómeno innegable y que no se puede disimular, el volcán hace erupción desde hace 20 años, ahora se sabe un poco más pero es un fenómeno físico que hay que tenerle respeto, es indispensable pensar en una planeación regional”, comentó.
El PIM provocó inconformidades de diversas comunidades de los 27 municipios que recorre en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, por las posibles repercusiones al medio ambiente, la cercanía con el volcán Popocatépetl y la omisión de cumplir con el derecho a la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, lo cual quedó consignado en las diversas quejas presentadas ante la CNDH.