Contraloría auditará de oficio la obra del Congreso del Estado

CUERNAVACA, Mor., 20 de septiembre 2018.- Al comparecer la noche de este jueves ante diputados de la LIV Legislatura, la titular de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, Adriana Flores Garza, anunció que esta dependencia iniciará de oficio, una vez que ha constatado la existencia de anomalías, una revisión a la obra de construcción de la nueva sede del Congreso del Estado.

Ante la pregunta de la diputada Rosalina Mazari Espín, replicada por otros legisladores, sobre las razones porque la Contraloría no ha tomado medidas administrativas y jurídicas para sancionar el retraso y la mala calidad de la construcción del Recinto Legislativo que se reportó como concluido desde diciembre de 2017, la funcionaria explicó que a su Secretaría no le correspondió este año, entre otras cosas por la insuficiencia de personal, auditar estos trabajos.

Dijo que, en cambio, sí le realizaron auditorías a esta edificación la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de las cuáles esta última sí le informará de los resultados. Sin embargo, una vez que ha tomado conocimiento de deficiencias en los trabajos, está en condiciones de iniciar una revisión de oficio.

Rosalina Mazari advirtió que los miembros del Congreso del Estado estarán vigilantes de esa tarea y comentó que como esta obra hay muchas otras donde se advierte corrupción y que representan el gasto de muchos millones de pesos que, además, fueron producto del endeudamiento.

La diputada Dalila Morales Sandoval, del PAN, cuestionó si la Contraloría no ha detectado el desfase en los trabajos de la sede parlamentaria y denunció que faltan muchos rubros por concluir, entre ellos las redes de telefonía, voz y datos y de aire acondicionado, además que a la constructora se le adeudan grandes cantidades económicas.

A pregunta expresa del Presidente de la Mesa Directiva e integrante del Partido Encuentro Social (PES), Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, la Contralora confirmó que todos los funcionarios de primer nivel de la administración del gobernador Graco Ramírez, cumplieron en tiempo y forma con la presentación de sus declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.

Las diputadas Maricela Jiménez Armendáriz, del PES, y Blanca Nieves Sánchez Arano, del Partido Nueva Alianza (PNA), coincidieron en cuestionar a Adriana Flores por haber pasado de ser secretaria de Hacienda a secretaria de la Contraloría, ambos cargos en el Gobierno del Estado.

Sánchez Arano inquirió a la funcionaria sobre su concepto de conflicto de interés y ética profesional, al tiempo de afirmar que mientras no existen investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de funcionarios, en cambio hay maestros señalados de acoso, bienes faltantes y actuaciones ilícitas, lo que “provoca hilaridad”.

La diputada Erika García Zaragoza, del Partido del Trabajo (PT), solicitó informes sobre la labor realizada por la Secretaría para contribuir al mejoramiento de la administración pública en este sexenio, y del seguimiento a anomalías detectadas en la Secretaría de Movilidad y Transporte con relación a la expedición de concesiones de taxis.

En tanto, el diputado José Casas González, del PT, expuso que la Contraloría en los últimos tres años ha perdido el 98 por ciento de los asuntos de responsabilidades que han sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa. “De los 198 juicios de nulidad contra sanciones impuestas por la Secretaría, 197 fueron declaradas nulas, y 186 de esas lo fueron por caducidad, es decir que la autoridad perdió porque se quedaron en los cajones de los escritorios” de la dependencia, apuntó.