Desclasifican datos patrimoniales del exsecretario de Marina Rafael Ojeda
CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2026.— Bajo el argumento de la seguridad y el desarrollo nacional, las Fuerzas Armadas han consolidado una red de poder económico que esquiva el escrutinio del Congreso y desdibuja el control civil sobre las instituciones castrenses.
El reciente informe “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero” , presentado por México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), subió las alarmas sobre el avance de un modelo que otorga un cheque en blanco a los mandos militares.
El documento revela que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) gestionan más de 87 mil millones de pesos en fideicomisos sin estructura orgánica, destacando el Fideicomiso de Equipo Militar, que ya se ubica como el tercero con mayores recursos del país.
A este brazo financiero se suma el control de 25 empresas paraestatales —como el Tren Maya, el AIFA, Mexicana de Aviación y los principales puertos y aeropuertos del país—, lo que transforma a las Fuerzas Armadas en un conglomerado corporativo que opera con reglas excepcionales de transparencia.
Críticos y sectores de la oposición señalan que esta acumulación de atribuciones e ingresos propios responde a una estrategia de asimilación política, donde el poder ejecutivo ha cedido parcelas de soberanía económica a cambio de lealtad e infraestructura.
Con sobreejercicios presupuestales que han superado el 100% en gasto corriente y partidas multimillonarias no aprobadas por la Cámara de Diputados, el informe reabre el debate sobre el deterioro de la rendición de cuentas y los riesgos de un régimen donde el poder militar supera el contrapeso de las autoridades electas.




