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CUAUTLA, Mor., 20 de marzo del 2019.- Con la resolución del acuerdo No Ejercicio de la Acción Penal por Atipicidad, se confirma el acto de represión que sufrió Josué Alfonso de la Torre quien como líder transportista fue activista en el Frente Amplio Morelense (FAM) durante el sexenio anterior.
Se ordenó el inicio de las investigaciones correspondientes en contra de los servidores públicos que ingresaron al domicilio sin contar con la autorización de un juez de control debiendo inclusive, dar vista al órgano de control de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que investigue la actuación de los elementos aprehensores y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que agregue la resolución a la queja DGDH/8/3423/2016 y en virtud de tratarse de servidores públicos de gobierno estatal a la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Morelos.
Se trata de un hecho que se registró en el 2016, el domicilio del dirigente transportista fue irrumpido por agentes de la Fiscalía de la entidad para realizar un cateo que derivó en un supuesto hallazgo de enervantes que involucraba directamente al líder y por el que fueron detenidos sus familiares incluyendo menores de edad.
Con este documento se dio la razón a de la Torre quien desmintió en todo momento su vinculación con el delito y sostuvo que las drogas le fueron “sembradas” como un acto de represión horas antes de encabezar una movilización transportista en la región oriente que de manera masiva se manifestó en contra de la propuesta del Morebús.
El acuerdo fue resuelto por Ignacio Zeus Gutiérrez Córdova, agente del ministerio público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos contra la Salud dependiente del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía Regional oriente y firmado por el titular de la dependencia de la zona, José Alejandro Chávez Carmona.
“Era cuestión de tiempo. Fuimos señalados como delincuentes el Obispo -Ramón Castro Castro- el actual gobernador -Cuahutémoc Blanco- quien sufrió en carne propia el embate, Dagoberto rivera, Alejandro vera que desgraciadamente fue el único que estuvo preso cerca de 18 horas.
Fue producto de una persecución jurídica muy fuerte pero la razón nos asiste a los líderes del FAM”, sostuvo Gerardo Becerra quien recordó las constantes órdenes de reaprehensión a las que fue sujeto también como un acto de hostigamiento.
De la Torre insistió en que se busca la destitución de la agente del ministerio público Marisol Montero Monje quien encabezó el operativo violentando los derechos humanos de los familiares del dirigente transportista. Al tener conocimiento, el Comisionado Anticorrupción insistió en intervenir para asesorar en lo pertinente para que malos servidores públicos tengan que hacer frente a las anomalías.
“Lo que deja de aprendizaje es que esto no puede volver a pasar, seguramente se repitió con otras personas que seguramente no tuvo el apoyo ciudadano que sí tuvo Josué.
¿Cuántos de los que alzaron la voz y no nos enteramos siguen presos? Hay que hacer un acto de constricción para que este tipo de gobiernos no vuelvan a estar en Morelos” añadió el comisionado estatal.