Comunidades indígenas, ajenas a consulta de AMLO sobre termoeléctrica

CUAUTLA, Mor., 14 de febrero del 2019.- De los 27 municipios en los que impacta el Proyecto Integral Morelos (PIM) se encuentran 1601 localidades activas distribuidas en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala con una población aproximada de 960, 863 habitantes de los que 51, 030 son personas indígenas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 3/2018 incluyó estos datos e identificó 37 pueblos originarios y 38 comunidades de interés por contar con más de 150 habitantes indígenas. En Morelos son 19, 681 en 16 localidades de los municipios de Ayala, Cuautla, Jantetelco y Yecapixtla; 29,315 en 19 localidades de Puebla y en Tlaxcala 2,034 personas.

En el documento, la CNDH sostiene que “se debe tomar en cuenta el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder a información oportuna y en su lengua, contar con el tiempo necesario para analizarla, tener la posibilidad de consultar las dudas que pudiera tener sobre la información que se les proporcione, realizar sus asambleas en los tiempos, lugares y formas que acostumbra hacerlo para debatir sus asuntos importantes y tomar sus determinaciones”.

Para los próximos días 23 y 24 de febrero se llevará a cabo una consulta ciudadana sobre la aprobación o desaprobación en al operación de la termoeléctrica ubicada en Huexca, Yecapixtla donde se concentra el gasoducto y acueducto. De acuerdo al delegado federal en Morelos, Hugo Erick Flores Cervantes, se instalarán 70 casillas en todo el territorio morelense al que se le prometió una reducción en la tarifa eléctrica.

El derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos y comunidades indígenas se encuentra prevista en el artículo 2º apartado B, Fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se encuentra contenido además en declaraciones internacionales.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) identificó 22 localidades con la más alta cantidad de población indígena en el Estudio de Diagnóstico Social del Proyecto; en su momento refirió que “toda vez que el Proyecto del Gasoducto Morelos no tiene función de generar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos interesados, la CFE no tiene la obligación de implementar procedimientos de consulta para llevar a cabo este proyecto, el cual es de interés y beneficio público nacional…”

El documento dirigido a los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, CFE y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas admite violaciones a los derechos de consulta evidenciadas en diversas actas e informes.