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CUERNAVACA, Mor., 27 de abril de 2026.– Integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en conjunto con comuneros de Ocotepec y Chamilpa, realizaron una protesta y bloqueos viales esta mañana en las inmediaciones del Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). La movilización busca presionar el pago de las tierras expropiadas para la construcción del distribuidor vial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
Roberto Castrejón Campos, miembro del comité ejecutivo de CATEM Morelos, señaló que la obra —gestionada por la gobernadora Margarita González Saravia ante la Federación— se encuentra detenida debido a la omisión del delegado federal en las mesas de diálogo. Castrejón explicó que los transportistas locales de los bienes comunales afectados no han podido iniciar labores ante la falta de certeza jurídica sobre sus tierras.
"¿Cómo quieren empezar una obra si las tierras no las han liberado? No les han pagado a los comuneros de Chamilpa ni de Ocotepec", cuestionó el representante sindical. Además del pago por la superficie afectada, los pobladores exigen compromisos de obra social, como la rehabilitación de calles y escuelas, acuerdos que suelen pactarse en proyectos de esta magnitud.
Por su parte, el delegado de la SICT en Morelos, Óscar Rigoberto Coello Domínguez, confirmó que la obra ya debería haber iniciado formalmente hace un mes, pero actualmente solo se realizan trabajos preliminares de trazo y nivelación. El funcionario precisó que la afectación comprende 124 metros cuadrados en Chamilpa y poco más de 2.8 hectáreas en Ocotepec.
Sin embargo, Coello Domínguez deslindó a la dependencia federal del proceso de indemnización. "El encargado de la expropiación quedamos que iba a ser el Gobierno del Estado. Nosotros somos intermediarios y base legal por ser dependencia federal, pero el pago corresponde al Estado", puntualizó.
Sobre el bloqueo y la demanda de empleo, el delegado federal aclaró que la SICT no interviene en la contratación de personal, ya que la empresa ganadora de la licitación celebró un contrato con un sindicato nacional. "Eso es un arreglo entre partes, entre sindicatos y la constructora. Nosotros recibiremos a los comuneros porque son la autoridad legal, pero no tenemos por qué arreglar asuntos de sindicatos", sentenció.
Pese a que el delegado aseguró que la mesa de negociación "nunca se ha retirado", los transportistas mantuvieron la protesta advirtiendo que no permitirán el avance físico de la obra en tanto no se liquiden los adeudos con los dueños de la tierra y se garantice la participación de los camiones locales en el proyecto.




