Benjamín Nava Boyás/Nueva ofensiva minera vs Morelos

En las últimas tres décadas, la construcción de fraccionamientos y unidades habitacionales en Morelos desplazó y erradicó para siempre zonas de cultivos en municipios como Xochitepec, Zapata, Temixco y Cuernavaca; mientras que la minería en México ha pasado a ser una actividad primaria en los últimos veinte años.

Las compañías mineras poseen concesiones equivalentes a la mitad del territorio nacional; desde la reforma de Salinas de Gortari a la Ley Minera de 1993, de los casi 200 millones de hectáreas totales del país, prácticamente 50 por ciento —unos 98 millones de hectáreas— se han concesionado a compañías mineras. De este total, 58 millones fueron concesionadas sólo durante los sexenios panistas de Fox y Calderón.

Las mineras canadienses con operaciones en nuestro país, también se conocen por los daños irreparables al medio ambiente y a la salud de los pobladores en las comunidades donde se asientan. Sin dejar de lado los conflictos sociales que desatan en ellas y los desplazamientos de pueblos, principalmente indígenas. De esto tiene registros la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM).

Las mineras nacionales y socias canadienses han propiciado conflictos sociales violentos, acoso y persecuciones a activistas y periodistas. Su modus operandi es promover tensiones entre los miembros de las comunidades que después el Estado dirime a favor de las mineras, por medio de represión policiaca o militar, si los habitantes se resisten a estos proyectos de mega-minería privada.

La excepción fue el gobierno  de Morelos que en 2013-14 se opuso, junto con las comunidades, a la operación de la minera en las inmediaciones de la zona arqueológica de Xochicalco, por parte de la minera “Esperanza Silver” o de alguna otra empresa minera que le compre a ésta la concesión otorgada por la administración calderonista. Todo apunta a que esta última posibilidad está a punto de concretarse, porque ya salió tal compradora.

Hace unos días se reanudaron los trabajos de exploración de materiales preciosos en la mina del cerro del Jumil, de la comunidad indígena de Tetlama. Al parecer, ya hubo acercamientos entre la empresa canadiense “Álamos Gold”, la cual, según los procedimientos descritos arriba, ya hizo ofertas de “beneficios colectivos” a cambio de la reinicio de la extracción de mineral.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL), los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Veracruz padecen al menos un conflicto de este tipo, entre otras entidades.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), México es uno de los cuatro países de la región que acumulan más casos de conflictos socioambientales relacionados con la minería. La sobre-explotación centenaria de los recursos naturales expuesta por Eduardo Galeano en “Las venas abiertas de América Latina”, continúa imparable y la misma amenaza se cierne sobre Morelos y, específicamente, sobre la zona arqueológica de Xochicalco. ¿Volverá el gobierno de Graco Ramírez a retomar la defensa que ya una vez acometió?