
Argumentan elección de Vargas Téllez en TSJ Morelos
CUERNAVACA, Mor., 27 de junio de 2017.- En reunión con el G10 el presidente de la Barra de Abogados en el estado, Miguel Ángel Rosete aseguró que el proceso de reelección no es válido para los actuales legisladores.Destacó que al no estar sesionando están incurriendo en omisiones y pueden estar sujetos a un juicio político. Refirió que están violan el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Anunció que van a asesorar a los trabajadores para quien quiera presentar amparos sin ningún costo.
Acotó, “los diputados que ya se siente con los cargos de reelección no han leído los artículos transitorios de la Constitución Federal, que el ánimo de la armonización, expone que la reelección no aplica a la legislatura actual sino que entrará en vigor hasta 2018 o, en su caso, hasta que se renueven las legislaturas en el caso de otros estados”.
Expuso desde el pleno que la asesoría será de forma gratuita y de manera inmediata para quienes así lo deseen. La propuesta contradice al propio coordinador del PRI, Alberto Martínez, quien, la semana pasada, declaró que no recurrirían a las demandas “para no retrasar más el pago”.
El legislador del tricolor acusó también las anomalías tanto de la presidencia como de la institución bancaria contratada debido a que la semana pasada, la diputada del Panal, Edith Beltrán expuso públicamente la falta de pago de dos quincenas.
“Hasta que se ventiló el tema le fue depositado el dinero, porque le dieron cheques sin fondos. Además, contemplamos ya una denuncia contra el banco que facilitó la copia de los cheques, una vez cobrados, por violentar la confidencialidad”, advirtió Alberto Martínez.
En tanto, Norma Alicia Popoca Sotelo aclaró que, si bien la fracción blanquiazul aceptó la propuesta del pago de quincena y media, éste se realizó con anomalías ya que no se realizó a todos los afectados e incluso a algunos de ellos se les aplicó el descuento anunciado del 20% menos de sus percepciones, por lo cual siguen en protesta del cumplimiento cabal del acuerdo, recalcó.
Miguel Ángel Rosete recordó que al no convocar a la sesión ordinaria, los diputados violan el artículo 8 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el artículo 26 de la Responsabilidad de Justicia Administrativa y el artículo 19 de la propia Ley Orgánica del Congreso del estado.
“Con esto podemos iniciar un juicio político en su contra el cual debemos presentar en esta institución; ante la inminente desestimación del mismo tiene como consecuencia recursos jurídicos incluso el amparo”, adelantó.