Aceptan inconstitucionalidad de PES contra reforma política de Morelos

CUERNAVACA, Mor., 9 de junio de 2017.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la controversia constitucional que el Partido Encuentro Social (PES) ingresó en contra de la Reforma Electoral que aprobaran 20 de los 30 diputados que integran la quincuagésima tercera legislatura, respecto al apartado en donde se señala que quien busque ser gobernador del estado debe de comprobar 12 años de residencia en territorio morelense, lo cual afectaría las aspiraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo para ser candidato a gobernador en el próximo proceso electoral 2018.

El ministro José Ramón Cossío Díaz admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovió el Partido Encuentro Social contra el decreto 1865 que reformó disposiciones de la Constitución de Morelos y que tendrían efecto en las aspiraciones del alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, para gobernar la entidad.

El decreto, respaldado por el gobernador Graco Ramírez, aumentó a 12 años el requisito de residencia en la entidad para competir por la gubernatura del estado, elemento que el alcalde capitalino no cumple.

La Corte analizará si las reformas aprobadas por el Congreso de Morelos fueron legales, tras su decisión, el ministro Cossío Díaz emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo morelenses a rendir su informe en un plazo no mayor de seis días naturales.

Además, Cossío Díaz pidió al Poder Legislativo que envíe al alto tribunal la copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado. Al consejero presidente del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, le pidió informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad.

La decisión del ministro de la Corte, se originó luego de que el pasado 17 de mayo, el PES, al que se afilió Blanco Bravo impugnó diversas disposiciones del decreto 1865 que reformó diversas disposiciones en materia electoral de la carta magna estatal, pidió invalidar la Declaratoria por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución estatal.