![](https://morelos.quadratin.com.mx/www/wp-content/uploads/2025/02/d3ce6677-1cd4-4043-a80d-8b8779ac05a6-107x70.jpeg)
Soy Gobernadora de territorio, no de escritorio: Margarita
CUERNAVACA, Mor., 2 de octubre 2018.- En un oficio dirigido a los diputados integrantes de la LIV Legislatura, el Colegio de abogados del estado de Morelos, a través de su vicepresidente Enrique Paredes Sotelo, expresó su preocupación ante las pretensiones del Legislativo de restar autonomía a la Fiscalía, designar al Fiscal Anticorrupción y electoral, lo cual aseguran resulta ilegal.
“Solicitamos se declare improcedente para su aprobación ante el pleno las reformas a los artículos 3º, 32, 38, 60, 65y 117 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos” refiere la comunicación.
El documento detalla que pretender quitarle a la Fiscalía el equivalente al 7% de los ingresos del estado; proponiendo que sea el mismo presupuesto que tiene asignado cada año “es una circunstancia poco favorable para la institución, que en el pasado sexenio adoleció de un presupuesto que le permitiera en forma autónoma e imparcial, la tarea de Procuración de Justicia; misma que ha sido deficiente por la falta de recursos”.
Los litigantes señalaron que el Congreso del estado, esta proponiendo reformar los artículos 32 y 38 de la Ley orgánica de la Fiscalía, para que el Fiscal Anticorrupción y el Electoral, sean designados por el Fiscal General, con el “Visto Bueno del Gobernador”; hecho que a decir de los juristas “es muy grave, ya que no se tendrá libertad para el nombramiento, y si no eres del equipo del Gobernador en turno, jamás va a otorgar su visto bueno”.
Los inconformes, por conducto de Paredes Sotelo, señalan también que dicha propuesta de reforma “resulta ser un retroceso al ideal de contar con una Fiscalía autónoma; y su aprobación tendría como consecuencia que los y las integrantes del Congreso privilegiarían el interés general sobre el particular”.
También manifestaron que de aprobarse la citada reforma, se violaría el principio de legalidad y los legisladores podrían ser sujetos de juicio político por su actuar.