A pesar de Obrador, está muerta la Ley Bonilla

​A pesar de que se trata de una de las más vergonzosas maniobras reeleccionistas del presidente López Obrador, la llamada “Ley Bonilla” está muerta. En efecto, está muerta a pesar de que fue ratificada la noche del pasado martes, en secreto, por diputados del Congreso de Baja California, quienes también ratificaron que son auténticos delincuentes.
Está muerta la “Ley Bonilla”, a pesar de que la tarde de ayer la Corte rechazó la Controversia Constitucional en la materia.
​¿Y por qué está muerta?
​Quien dude que es un cadáver la “Ley Bonilla”, sólo tiene que acudir al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, buscar la tesis P/J82/2007, página 1085, para encontrar la Jurisprudencia número de Registro 170650 y encontrará que “La Prórroga de Mandato” es inconstitucional.
​En pocas palabras, que la locura jurídica que llevaron a cabo los diputados al Congreso local de Baja California, es “cosa juzgada” por el pleno de la Suprema Corte, con fecha 15 de octubre de 2007.
​Pero antes de explicar la parte sustantiva del “acta de defunción” de la “Ley Bonilla”, vale recordar que según la confesión pública del presidente del PAN, Marko Cortés, la idea de prorrogar el mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, salió del mismísimo presidente Obrador.
​El jefe panista dijo que la presidenta de Morena, la señora Yeidckol Polevnski lo buscó hace meses para proponerle la extensión de mandato. Según Cortés, él se negó. Lo simpático es que nunca dijo nada, a pesar de que el escándalo de los sobornos millonarios ya estaba a la luz.
​Ahora bien, todos en Morena saben que la presidenta del partido no es más que la gerente de un negocio familiar altamente rentable, propiedad de la familia presidencial.
​Y también todos saben que quien pagó los favores recibidos de Jaime Bonilla al partido Morena, en Baja California y en otras entidades, se llama Andrés Manuel, se Apellida López Obrador y despacha como presidente.
​Lo cierto es que la “Ley Bonilla” era la clásica jugada política para “matar dos pájaros de una pedrada”.
​Es decir, estamos ante una maniobra política que serviría para pagar el financiamiento a Morena, mediante la entrega del gobierno de Baja California a Bonilla.
​Pero además, la extensión de mandato lleva la intensión “de calcular y calar” el humor social respecto a la reelección presidencial en 2024, impulsada por Obrador. Todo a pesar de que el presidente promete todos los días que no buscara la reelección y que ya trabaja en ese objetivo.
​De igual manera, no es noticia que los diputados de todos los partidos del saliente Congreso de Baja California, fueron sobornados con cantidades de escándalo, además de que se les prometió total impunidad en el gobierno de Jaime Bonilla.
​Ayer, sin embargo, ocurrieron dos cosas que preocuparon a propios y extraños. Por un lado, el Congreso de Baja California ratificó la “Ley Bonilla”, en tanto que la Suprema Corte rechazó los recursos de Controversia Constitucional contra la misma “Ley Bonilla”.
​¿Qué fue lo que pasó?
​1.- Resulta que para que la “Ley Bonilla” entre en vigor, debe ser firmada por el gobernador en turno y publicada en El Periódico Oficial del Estado.
2.- Una vez que la Ley Bonilla entre en vigor, la Corte dar turno a los recursos de Controversia Constitucional.
3.- Y una vez aceptada dicha Controversia, entonces se puede apelar a la Jurisprudencia de la que hablamos líneas arriba.
​¿Y qué dice dicha jurisprudencia?
​Aquí un resumen.
​“La Extensión de Mandato es inconstitucional… porque tal ampliación equivale, de facto, a que los órganos representativos se coloquen unilateralmente como únicos participantes activos y pasivos de una elección (virtualmente son únicos votantes…) excluyendo a toda la comunidad… privando de manera implícita a los ciudadanos de la libertad para elegir a sus representantes, en condiciones de igualdad, convirtiéndose, al mismo tiempo, en intermediarios de una tácita elección en la que se señalan a ellos mismos como triunfadores”.
​En pocas palabras, la Extensión del Mandato aprobada por los diputados la Congreso de Baja California está muerta, ya que se trata de una acción inconstitucional que violenta los artículos 115 y 116 de la Carta Magna, entre otras postulados electorales.
​Al tiempo.