Vulneraría Graco Ramírez amparo de campesinos: Iris Mendoza

MÉXICO, DF, 25 de noviembre de 2014.- La senadora perredista Iris Vianey Mendoza lamentó que el Gobierno de Morelos que encabeza su copartidario Graco Ramírez Abreu, anteponga el interés de trasnacionales que operan en el sector energético sobre los reclamos de los campesinos de Anenecuilco.

Al reunirse con ejidatarios y autoridades comunitarias de Anenecuilco, así como con académicos y líderes de organizaciones sociales, la legisladora mencionó que el Gobierno de Morelos pretende “vulnerar un amparo ganado por Anenecuilco y pasar por encima de la ley y el estado de derecho”.

La perredista dijo que el pasado 20 de diciembre, el juzgado séptimo de distrito otorgó al ejido de Anenecuilco, municipio de Ayala, una suspensión definitiva para evitar que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilice el agua de la comunidad para abastecer a las dos termoeléctricas que la empresa paraestatal construye en Huexca, Morelos.

El hecho afectaría a más de 6 mil 200 ejidatarios debido a que agua del caudal del río Cuautla se quiere enviar para los trabajos de las termoeléctricas propiedad de las transnacionales españolas Abengoa y Elecnor, las cuales obtuvieron la licitación de la CFE.

Abengoa es la encargada de la construcción de la central eléctrica, Elecnor es la concesionaria del gasoducto; la empresa mexicana sólo cumple el papel de intermediaria.

El amparo otorgado a Anenecuilco impidió que la Comisión Federal de Electricidad tome 50 millones de litros de agua por segundo, cuando el cauce de ese río es insuficiente para los 26 ejidos de la zona. Ello afectaría a más de 10 mil 500 hectáreas de la región oriente de Morelos.

En su mensaje Vianey Mendoza dijo que el plan Integral Morelos comprende la construcción de dos termoeléctricas de ciclo combinado de 620 megavatios, cada una consume gas natural como energético, y se construirá un gasoducto de 150 kilómetros y 30 pulgadas de diámetro que irá desde los ductos de Pemex en Tlaxcala hasta el lugar de las centrales de generación eléctrica, así como una línea eléctrica de 20 kilómetros a la subestación de Yautepec y, finalmente, un acueducto de 10 kilómetros de longitud desde Cuautla.

Sin embargó, la senadora reclamó que ni las empresas extranjeras, ni la CFE, ni las autoridades municipales y estatales informaron a las comunidades los detalles del proyecto, ni los riesgos de la construcción.

Resaltó que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres (Cenapred) avaló la inviabilidad del proyecto en la zona cercana al volcán Popocatépetl por ser de riesgo eruptivo.

La senadora añadió que un acuerdo presentado por el legislador Manuel Barttlet, en la Cámara Alta refiere que “según las Cuentas Públicas 2009 y 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, en México el Margen de Reserva por exceso de producción de energía es del 50 por ciento, tres veces superior a los estándares internacionales recomendables que son del 18 por ciento, lo cual pone de manifiesto lo innecesario de destinar recursos públicos a un proyecto que sólo atenta en contra de los pobladores de la Región Izta-Popo y pone en riesgo a cerca de 20 millones de habitantes”.