Violencia, tema que enmarcó el acontecer nacional

MÉXICO, DF, 2 de enero de 2014.- El tema de seguridad del 2014 estuvo marcado por eventos que llamaron la atención mundial y, sobre todo, en dos estados que comparten la zona de “Tierra Caliente” y que siguen poniendo en jaque al gobierno federal: Michoacán y Guerrero.

Mientras, Tamaulipas, Estado de México y Jalisco registraron eventos que también dejaron varias dudas sobre la implementación de estrategias benéficas en materia de seguridad y resguardo de la población.

Quadratín México presenta los cinco momentos de mayor tensión que vivió el país y que obligaron al presidente Enrique Peña Nieto enviar iniciativas para evitar que el crimen organizado se filtre en las esferas políticas y la instauración, forzosa, del mando único en toda la República para este 2015.

Michoacán; autodefensas, Templarios y el adiós de Fausto

Para el arranque del 2014, Michoacán atrajo las miradas del país pues las autodefensas, integradas por pobladores, habían conseguido lo que las autoridades no habían logrado: contener a la organización criminal de Los Caballeros Templarios, quienes secuestraban, extorsionaban, explotaban de manera ilegal mineral, la producción, distribución y comercialización de droga, entre otros ilícitos.

En los meses de enero y febrero los enfrentamientos entre narcotraficantes y autodefensas se intensificaron por el control de la llamada “estratégica” Tierra Caliente, lugar donde la banda narcotraficante se estableció para el dominio de todo el Estado.

En el primer mes del año, el gobierno michoacano solicitó a la administración de Enrique Peña Nieto que interviniera en el conflicto con el ingreso de la Policía Federal (PF). Para el segundo mes se firma el acuerdo para que los uniformados ingresen al Estado y se elige como el Comisionado para la Paz a Alfredo Castillo.

La llegada de Castillo, según el gobierno federal, ayudó a que las autodefensas se legalizaran y quedaran registradas para evitar que algunos de sus integrantes tuvieran nexos con el crimen organizado. Uno de los actos más relevantes fue que el comisionado logró una virtual reconciliación entre dos líderes antagónicos de autodefensas: Hipólito Mora (La Ruana) y Luis Antonio Torres “El Americano” (Buenavista).

Con el arribo y apoyo de las fuerzas federales, las autodefensas lograron tener presencia en 33 municipios de los 113 que tiene el estado, y de los cuales la mayoría eran controlados por los Templarios, asimismo, lograron la entrega de propiedades a aquellas personas que fueron despojadas por los delincuentes.

Estas acciones también originaron las detenciones de Dionisio Loya Plancarte “El Tío”, quien era el segundo en la estructura criminal y de Cándido Pérez García “El Chirrín”, operador templario que tenía la tarea de extorsionar. Este último era compadre de Francisco Galeana Núñez “El Pantera”. Así como el abatimiento de dos fundadores de esta organización criminal: Nazario Moreno, alias el “Más Loco” y Enrique “Kike” Plancarte.

Para el desarme de los civiles armados se pedía la detención de por lo menos siete líderes, entre ellos Servando Gómez Martínez, sin embargo, éste último se mantiene prófugo, mientras las autodefensas en mayo pasado regularon su armamento y se sometieron a una serie de pruebas y requisitos, dando por concluido el proceso de desarme acordado con el comisionado Alfredo Castillo.

La cloaca de la corrupción se destapó en Michoacán, pues diversos presidentes municipales, y funcionarios de gobierno, enfrentan un proceso por presuntos vínculos con el crimen organizado. Además, estos lazos de corrupción le costaron a Fausto Vallejo, entonces gobernador, renunciar en junio pasado al cargo, pues su hijo Fausto Vallejo fue exhibido en un video difunido por Quadratín México con La Tuta, uno de los narcotraficantes más buscado por la PGR y por quien se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos.

A 10 meses de haber firmado un acuerdo de varios puntos entre 20 líderes de las autodefensas y Castillo, aún quedan presos 328 autodefensas, así como el cofundador José Manuel Mireles; el conflicto entre dos líderes (Hipólito Mora y Luis Torres, alias El Americano) sigue vigente y recientemente dejó un saldo de 11 muertos, entre ellos el hijo mayor del fundador del movimiento civil armado, Manuel Mora. Ambos, Mora y Torres se entregaron voluntariamente a la justicia.

Los índices delictivos han aumentado, pues hasta noviembre de este 2014 se registraron 2 mil 340 homicidios, mientras que en el mismo periodo pero del año pasado la cifra fue de 2 mil 143: un aumento del 12 por ciento.

Resurge la violencia en Tamaulipas y una alianza poco esperada

En abril y mayo resurgieron los enfrentamientos entre sicarios del Cartel del Golfo y Zetas por el control del territorio, además de choques con elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano.

Las plazas que fueron escenarios de disputa en este año fueron Reynosa, Matamoros y Río Bravo, ciudades que han sido colocadas como estratégicas para el paso, venta y distribución de drogas.

En este año se contabilizaron al menos 10 enfrascamientos protagonizados por bandas del crimen organizado rivales, mientras que otros 9 se dieron con la Policía Federal (PF).

Según las cifras oficiales por el gobierno del estado, estos choques han dejado casi 100 víctimas mortales, mientras que casi otras 30 fueron por daño colateral.

Cuando parecía que las hostilidades crecerían entre el Cártel de Golfo y los Zetas por el control del mercado y del Estado, en noviembre se anunció que ambas bandas unirían fuerzas para instaurar la paz.

“El Cártel del Golfo y los Zetas ya no estamos peleando entre nosotros mismos, porque estamos más unidos que nunca queremos la paz para Tamaulipas”, asegura el mensaje firmado por el comandante “R1” del CDG y el comandante “Kelín” de Zetas Unidos.

Con esta alianza, según el comunicado, llegará la vieja escuela del narcotráfico que tiene como fundamento tres principios: no meterse con la población civil, respetar a las familias de los narcotraficantes y el territorio.

Jalisco y su “Nueva Generación”

Jalisco fue considerado dentro de los cinco estados que se les dará prioridad para evitar que se filtre el crimen organizado con las instituciones de seguridad, a través del mando único.

Michoacán y Jalisco, más allá de compartir frontera, se les vinculaba con el conflicto armado y presunto financiamiento a los grupos de autodefensa. Incluso el procurador Jesús Murillo Karam declaró que tenía declaraciones de algunos detenidos que supuestamente se identificaban como autodefensas y confesaron haber recibido armamento del Cartel Jalisco Nueva Generación.

A finales de enero de este 2014 se reavivaron los bloqueos y enfrentamientos en algunas regiones del estado, ello debido a la captura de Rubén Oseguera González, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder de la organización criminal Jalisco Nueva Generación.

El 30 de enero elementos del Ejército y la Marina realizaron un operativo en Zapopan, Jalisco, logrando la captura de cinco presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos el hijo del capo. Posteriormente fueron incendiados varios vehículos y bloqueando carreteras en el estado.

Estado de México, el “olvidado” en el plan del mando único

El Estado de México, la entidad que encabeza el número de robos, homicidios, secuestros y extorsiones en el país, también protagonizó uno de los episodios más sanguinarios de este año.

El pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya perdieron la vida 22 personas, quienes supuestamente se dedicaban a secuestrar, de las cuales presuntamente 15 fallecieron en manos de las fuerzas federales, según indicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El informe de la CNDH, que derivó en una recomendación, detalló que tras la utilización de la fuerza pública para contrarrestar la agresión de los civiles y una vez que éstos se rindieron, los elementos castrenses ingresaron a una bodega en la cual se encontraban los agresores, dándoles muerte de manera extrajudicial.

Por estos hechos, elementos del Ejército enfrentan un proceso penal y se encuentran recluidos seis soldados y un mando en una prisión militar.

Delitos de alto impacto

Los plagios son uno de los delitos más sentidos por los mexicanos. Los pasados meses de septiembre y octubre, en Valle de Bravo, Estado de México, se registró una oleada inusual de secuestros, situación que puso en alerta a las autoridades, quienes enviaron a la recién creada Gendarmería para contener a la delincuencia que ahí opera.

Mientras que Ecatepec y Nezahualcóyotl también son dos municipios con elevados niveles de inseguridad en el Estado de México.

Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro indicó que estos municipios están dentro de las cinco localidades que presentan los niveles más alto de plagios en el país.

La activista mencionó que Ecatepec en lo que va de este 2014 registró 110 secuestros mientras que Nezahualcóyotl 87 privaciones de la libertad.

Miranda de Wallace refirió en agosto pasado que el Estado de México se encontraba en una crisis de seguridad. Sin embargo, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció nuevas medidas para contrarrestar a la delincuencia en México, y sobre todo en la zona de Tierra Caliente, no contempló al Estado de México, pese a que comparte territorio con Guerrero y Michoacán.

La bomba llamada Guerrero

Los días 26 y 27 de septiembre marcaron la crisis más profunda en cuanto a seguridad y gobernabilidad en Guerrero, además que dejó ver la vinculación directa entre el narcotráfico y las esferas políticas del Estado.

La desaparición de 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en las afueras de la ciudad de Iguala, fue ejecutada por policías de este municipio en coordinación con los efectivos del vecino Cocula.

La revelación de estos hechos se da cuando el 28 de septiembre se descubren fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo, ubicada a las faldas del cerro Gordo, de manera inmediata los familiares y amigos de los normalistas acuden a la zona de los hechos para exponer ante los medios la situación.

Esta noticia generó que las investigaciones comenzaran de manera inmediata, así como las protestas en la capital Chilpancingo, donde crecieron en intensidad y violencia en repudio a la ineficacia de las autoridades locales por aportar datos del paradero de los estudiantes.

Las diligencias apuntaron de manera directa al ahora ex edil de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, como los autores intelectuales del secuestro masivo, ya que un año y medio atrás fueron acusados por la muerte de Arturo Hernández Carmona, líder la Unión Popular de ese municipio.

Ante la confirmación de la PGR sobre la responsabilidad de Abarca Velázquez en estos hechos, después de que se detuvo a Sidronio Casarrubias líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos y que apuntó a ambos personajes como responsables intelectuales, miles de personas salieron a las calles para exigir justicia y castigo para los políticos vinculados con el narcotráfico.

Las autoridades poco a poco identificaron a más involucrados en estos hechos, como policías igualtecas y coculenses.

La captura del ex perredista fue en la ciudad de México el pasado mes de noviembre junto con su esposa, lo que auguró que el paradero de los 43 normalistas sería revelado, sin embargo, los resultados se dieron en pocas partes.

Días más tarde, la PGR aseguró haber encontrado bolsas de plástico con cenizas y fragmentos de huesos en la vereda del Río San Juan, en Cocula, los cuales fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, para ser sometidos a fuertes estudios de reconocimiento.

Después de un mes, el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, comentó que uno de los restos pertenecía a Alexander Mora Venancio, uno de los desaparecidos, pero las identidades de los demás aún no ha podido ser revelada.

En estas investigaciones participaron, a petición de los padres, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes no han podido constatar gran parte de los estudios de los peritos del gobierno mexicano.

A casi tres meses de los hechos, las interrogantes se mantienen y el paradero de los 42 restantes sigue en los expedientes.