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BRASILIA, Brasil, 18 de junio de 2015.- El organismo se encargará de examinar y emitir un parecer sobre la legalidad del balance público al Congreso. Sin embargo, los ocho ministros decidieron de manera unánime posponer dicho análisis hasta obtener respuestas de la mandataria, informó Infobae.
De acuerdo con el tribunal, entre 2013 y 2014 el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a las entidades públicas Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales.
Esos atrasos, calificados como “maniobras fiscales”, permitirían aparentar un mejor balance y reducir el déficit. Las distorsiones suman 281 mil millones de reales (casi 92 mil millones de dólares).
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