Termoeléctricas y gasoducto: “Progreso” impuesto a golpes

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de mayo de 2014.- Los gobiernos del poblano Rafael Moreno Valle (PAN-PRD-MC y Panal) y del morelense Graco Ramírez (PRD) quieren imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), una obra que le urge a la administración de Enrique Peña Nieto. Para lograrlo han recurrido a la criminalización de luchadores sociales y al uso de la fuerza contra comunidades indígenas, informó Proceso.

La embestida de ambos mandatarios estatales contra quienes defienden su derecho a la autodeterminación ya provocó que 80 organizaciones civiles de distintos países, así como 90 intelectuales –encabezados por Noam Chomsky y Eduardo Galeano– firmaran un pronunciamiento para exigir que cesen la represión y a la violencia.

Además, dos visitadores de la ONU acudieron a Puebla para atender denuncias por la presunta persecución que ha emprendido Moreno Valle para desarticular la resistencia social contra diversos “proyectos de muerte”, como los llaman los vecinos de la región.

El PIM, ejecutado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), prevé una inversión de 22 mil millones de pesos y se compone de dos termoeléctricas, un acueducto y un gasoducto de 159 kilómetros que pasaría por 60 comunidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos.

El gasoducto quedó inconcluso en el sexenio de Felipe Calderón y lo rechazan los habitantes de la zona. Los afectados son, en su mayoría, de origen náhuatl y se han organizado en el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT).

La oposición se basa en las advertencias que desde 2011 lanzaron especialistas del Instituto de Geofísica y del Centro de Geociencias de la UNAM, del Centro Nacional de Prevención de Desastres y del Centro Universitario de Prevención de Desastres sobre el peligro de construir las termoeléctricas y el gasoducto junto al volcán Popocatépetl.

Paralelamente, académicos e investigadores han concluido en diversos foros que el PIM desencadenaría múltiples afectaciones sociales, económicas y ambientales.

Dos asuntos apremian al gobierno en el caso del gasoducto, cuyo costo estaba fijado en 260 millones de dólares y que, según el contrato, debía estar operando desde el 1 junio de 2013:

El primero es que el contrato SE-CPSTGN-001/2011, firmado en noviembre de 2011 con la empresa española Elecnor –ahora asociada con la también ibérica Enagás– contiene cláusulas que el consorcio podría invocar para exigir una indemnización millonaria, pus la CFE ha incumplido con obtener el derecho de vía.

El segundo es que una planta termoeléctrica debe terminarse a mediados de este año, pero necesita el gasoducto para operar.

El abogado René Sánchez Galindo, director de la ONG Colectivas, asegura que el PIM es una obra innecesaria pues en México hay capacidad de sobra para generar energía eléctrica. En 2010 el margen de reserva de electricidad del país se calculó en 47%, cuando a escala internacional se considera adecuado uno de 20%. Este año el gobierno federal no ha difundido la cifra.

Pese a ello, señala el estudioso, los gobiernos de Puebla y Morelos, “en confabulación con el federal”, han cometido múltiples violaciones a los derechos humanos para imponer el PIM. Entre ellas se encuentra arriesgar la vida y seguridad de los habitantes, no respetar el derecho de consulta, emplear la fuerza pública de manera excesiva, fabricar delitos, perpetrar desapariciones forzadas y coartar la libertad de expresión y manifestación.

En un pronunciamiento que firmaron el 25 de marzo, las agrupaciones que integran el FPDATMPT advirtieron: “Se prepara una represión regional de grandes magnitudes para imponer el gasoducto, cuya estrategia encabeza Bonatti (subcontratada por Elecnor). (…) La empresa provoca a los pueblos, invadiendo sus tierras sin permiso, para después, en coordinación con los gobiernos de los estados, identificar a los opositores y demandarlos con delitos fabricados”.

Aunque los funcionarios estatales aseguran que el gasoducto tiene un avance superior a 80%, Miriam Vargas, integrante del FPDATMPT, refiere que apenas cinco de las 60 comunidades por las que atravesará han dado su permiso.