Se fugan 1.7 mil millones de pesos para medicamentos

CUERNAVACA, Mor. 28 de mayo de 2014.-  Licitaciones dirigidas, sobreprecios de hasta 300%, compras menores a las requeridas, robo de producto y enriquecimiento de funcionarios estatales son algunas de las anomalías que en los últimos dos años provocaron un quebranto de al menos mil 772 millones de pesos en la adquisición de medicamentos en cinco estados, publicó EXCÉLSIOR.

Además, cada año desde 2010 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detecta irregularidades en el programa de Seguro Popular en la compra de medicamentos, que van de los 70 millones a los mil millones de pesos, principalmente por la adquisición de medicamentos a un precio superior al de referencia o por la tercerización en la compra de los mismos, y que la han llevado a ordenar su recuperación en beneficio de las arcas federales.

En espera de ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la Ley General de Salud promovida por el presidente Enrique Peña Nieto y aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que castiga hasta con siete años de cárcel a los funcionarios que desvíen recursos del sector salud, tiene el propósito de terminar con la “zona de corrupción” que la ASF detectó en el área de los servicios de salud estatales, que aprovechan las millonarias cantidades que transfiere la Federación.

Tan sólo en este 2014, las transferencias económicas a los estados integradas en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ascienden a 67 mil millones de pesos. El presupuesto para surtir al Seguro Popular en todas las entidades federativas llega a 72 mil 330 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, la “zona de corrupción” que implican los servicios de salud en los estados generó desabasto, medicinas inservibles por estar caducas y, con ello, un deterioro natural en este servicio.

En los últimos dos años, las anomalías en cinco estados generaron quebrantos por mil 772 millones de pesos.

En Guanajuato hay involucrados seis millones 884 mil pesos; en Tabasco 700 millones de pesos; en Chiapas hay denuncias que implican 82 millones de pesos; en Guerrero por otros 42 millones de pesos y en Morelos por 942 millones de pesos.

Además, hay señalamientos en estados como Oaxaca, Zacatecas, Sonora y Jalisco, donde usuarios y personal médico hablan de irregularidades, pero no hay denuncia formal.

Con un registro de irregularidades en todos los estados, tanto en el IMSS o el ISSSTE, como en los hospitales y clínicas del Seguro Popular, la ASF ha emitido alertas que han servido para que el gobierno decidiera concentrar el gasto en medicamentos, para evitar el desvío de fondos y las compras engañosas en perjuicio de los derechohabientes.

Catálogo oscuro

En un análisis reciente sobre la evaluación que hizo al manejo del FASSA, la ASF se fijó los periodos de 2000 a 2010 para mostrar algunas tendencias.

Así, resalta que el FASS tiene “deficiencias en la gestión y el manejo del medicamento; por ejemplo, anticipos por la compra de medicamentos sin existir contrato, ni proceso de adjudicación; desabasto de medicamentos e insumos médicos; facturas con información incompleta; falta de un manual actualizado para el manejo de medicamentos; medicamento caduco, próximo a caducar, de lento o nulo movimiento; este conjunto de irregularidades representó el 12.6% de las observaciones que no generaron recuperación”.

Para el caso del Seguro Popular, la ASF muestra que en 2011 “Baja California, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas ejercieron 71.4 millones de pesos para la adquisición de medicamentos no incluidos en el Catálogo Universal de Servicios Especiales de Salud o adquirirlos a un precio superior al precio de referencia.

“Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, así como el Distrito Federal, ejercieron 62.9 millones de pesos para el pago de servicios de tercerización por la adquisición de medicamentos y pagos de servicios subrogados, conceptos no financiables con recursos del Seguro Popular”, precisa el Análisis al Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, de la Cámara de Diputados.

Desde el 28 de abril, el Ejecutivo federal tiene para su publicación  la reforma para castigar con cárcel a quien incurra en desviaciones de los fondos destinados a la salud, y dispone que los estados ya no comprarán los medicamentos.

“Se impondrá de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a 500 mil días de salario mínimo vigente general en el Distrito Federal, a cualquier persona que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso, o para la prestación de servicios en materia de salubridad general”, indica.

Contra la opacidad

Fomentar la transparencia es uno de los objetivos de las reformas a la Ley General de Salud. Éstos son algunos de los propósitos.

Evitar que los gobiernos estatales desvíen los fondos del Seguro Popular para otros fines.

Responsabilizar a los mandatarios  estatales por el uso de esos recursos y consolidar la compra de medicamentos para conseguir ahorros de hasta 30 por ciento.

La reforma obliga a los gobiernos estatales a destinar el cien por ciento del dinero de salud a ese rubro y no a otros.

Además tienen la obligación de que si hoy se les destina un peso para salud, no podrán asignarlo a otro rubro.