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MÉXICO, 18 de agosto de 2014.- Sin normatividad uniforme, bajo una supervisión no estandarizada y con un registro poco confiable, por lo menos 25 mil niños vulnerables en el país son atendidos en albergues públicos y privados.
No obstante, el gobiernos federal destina recursos a estas instituciones, además de las aportaciones de los estados y municipios, las cuales en varios casos no están cuantificadas.
El caso del albergue de la Gran Familia de Zamora, Michoacán, intervenido por la PGR el 15 de julio pasado, prendió los focos rojos a nivel nacional respecto a la situación de este tipo de establecimientos al poner en evidencia la falta de una política nacional de supervisión del trabajo y las condiciones de los mismos.
Hasta ahora ni siquiera se tiene un padrón confiable del número de albergues que operan en el país.
Ante esta situación, el pasado 22 de julio el Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) instó al gobierno mexicano a elaborar un sistema de registro de albergues y casas de cuidado de niños.
Según la información del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nacional, en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues -805 privados y 117 públicos- registrados, a los cuales, sólo el último año, se destinaron 39 millones 912 mil 500 pesos.
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