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CUERNAVACA, Mor. 5 de mayo de 2014.- El proyecto “Gasoducto Morelos” cumple y atiende las recomendaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; cuenta con el respaldo social, como consta en más de 90 por ciento del pago de las indemnizaciones; contribuye con obras de beneficio social y permitirá apoyar con oferta de gas naturala la industria poblana.
De acuerdo con Puebla Noticias, así lo respaldan a través de un desplegado que publican este día en periódicos de circulación nacional o estatal, senadores y diputados federales y locales del PAN, PRI, PRD, PVEM, PANAL, PCP, PT y PSI,después de llevar a cabo una reunión de trabajo e informativa con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza; el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle; la sub secretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón García; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Adolfo López Badillo y el rector de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla (BUAP), José Alfonso Esparza Ortiz.
El desplegado titulado “El proyecto del gasoducto Morelos seguro y viable; las acciones para preservar el estado de derecho en Puebla, con respeto a los derechos humanos” fue firmado por los senadores Javier Lozano Alarcón (PAN), Blanca Alcalá Ruiz (PRI), Lucero Saldaña Pérez (PRI) y Miguel Barbosa Huerta (PRD), y diputados federales y locales de los distintos partidos.
Por medio del documento, los firmantes hacen un llamado a la opinión pública para no dejarse engañar, por quienes han sembrado temor e incertidumbre en los ámbitos académicos y productivos del Estado,bajo supuestas campañas de persecución política.
Incluso, reconocen que los detenidos vinculados con el caso gasoducto, están bajo el ámbito del Poder Judicial, por la presunta comisión de diversos delitos de los fueros federal y común, y “no por un asunto de persecución de orden político”.
Los presuntos delitos en que incurrieron los ahora detenidos son robo calificado, privación de libertad, oposición a que se ejecute una obra o trabajo público, motín contra la infraestructura hidráulica, despojo, extorsión y amenazas.
Los legisladores se comprometen a dar seguimiento al caso. También respaldaron la construcción del gasoducto Morelos por su impacto económico y social, y las acciones emprendidas por los gobiernos federal y estatal, en el marco de un Estado de Derecho que respeta y preserva las garantías individuales.