Ordenan a diputados panistas impulsar nueva auditoría a Graco Ramírez

CUERNAVACA, Mor., 25 de noviembre de 2014.- El Partido Acción Nacional (PAN) ordenó a su fracción parlamentaria impulsar en el Congreso del Estado, una nueva auditoría especial a la administración del gobernador Graco Ramírez, para esclarecer el proceso de compra de un terreno 525 por ciento más caro para la construcción de un nuevo Palacio Legislativo.

Oscar Velasco Cervantes, presidente estatal del PAN, anunció que con la nueva auditoría se busca deslindar las responsabilidades y evidenciar a los funcionarios involucrados en dicha transacción que puso en evidencia “estos presuntos actos de corrupción” que implicó acuerdos en la compra de un terreno en más de 20 millones de pesos.

El Gobierno, a través de un comunicado, aseguró este lunes que en la compraventa de dicho predio sólo se había adelantado a los dueños un pago de tres millones de pesos, sin embargo, puntualizó, se busca la cancelación de dicho contrato porque los propietarios “incumplieron” con algunos de los acuerdos, aunque no especificó cuáles.

En rueda de prensa, Velasco Cervantes dijo que esta nueva auditoría ayudará a resolver varias incógnitas que hay alrededor de este caso como por qué el Gobierno estatal hizo pública la ubicación del predio sin haberlo realmente comprado, por qué se pactó la compra del mismo con un sobre precio de más del 500 por ciento sin que existiera un avalúo como lo obliga la ley, y por qué pagó tres millones de pesos por adelantado sin haber comprobado antes que existieran los requisitos mínimos para la construcción pretendida.

Además, agregó, es pertinente conocer cuál es el monto de la penalización que deberá pagar la autoridad por cancelar la eventual compraventa y quienes, cuando y cuánto se pagará por dicha cancelación.

Por su parte, la legisladora Erica Cortés Martínez, aseguró que dicho caso es una nueva muestra del uso indiscriminado de recursos público, el desprecio por la legalidad y la ausencia de decoro en las acciones gubernamentales.

Además de este caso, agregó, y la negativa total de las autoridades estatales para dar información a la auditoría que impulsaron diputados estatales al proceso de solicitud y ejercicio de un crédito por más de más de 2 mil 800 millones de pesos son muestra de la indisposición oficial para transparentar el uso de recursos públicos y su ejercicio gubernamental, por lo que, adelantó, habrá “otras acciones” para buscar estas irregularidades y exhibir a los responsables.