Obligación del estado proteger derechos de los niños

  CUERNAVACA, Mor., 26 de abril de 2016.- Los estados enfrentan contextos complejos y  tienen condiciones de vulnerabilidad por situaciones como la proliferación de redes dedicadas a la explotación infantil, la fragilidad de personas migrantes,  particularmente niños y adolescentes, explicó la  Lic.  Karina Isabel Espadas Poot Delegada de Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México A.C en  Morelos.  

Buscar combatir las  formas de esclavitud o peores formas de trabajo mediante la prohibición del trabajo infantil, por ello México elevó de 14 a 15 años la edad mínima para permitirlo. 

El 50.1 por ciento de estas actividades son remuneradas, 31.5 implica riesgos y el 6.2 de esta población desarrolla quehaceres en lugares no apropiados, en actividades agrícolas y en manufactureras, o realizan trabajo doméstico, el cual es invisible a los ojos de la sociedad. 

“En México, al igual que en otras naciones, por falta de oportunidades, violencia y corrupción, se ven sometidos a condiciones vejatorias como las mencionadas. Según estimaciones mundiales, alrededor de 168 millones de individuos de entre cinco y 17 años se ven obligados a laborar y 85 millones lo hacen en las peores circunstancias”, resaltó la abogada. 

A nivel internacional, se considera a estas formas de servidumbre entre las peores que adopta el trabajo infantil y por ello se plantea su erradicación, pues todas afectan de manera fundamental la personalidad, libertad e integridad de este sector etario. 

Por ello, apuntó, “es importante establecer las bases que obliguen al Estado a cumplir una política integral que proteja los derechos fundamentales de la infancia”, concluyó. 

20 000 niños mexicanos son víctimas de la explotación sexual en manos de la trata, según el gobierno, localizándose los principales focos en las zonas fronterizas y turísticas. Además el  turismo sexual infantil continúa creciendo en México, ubicándose en las principales ciudades turísticas como Acapulco y Cancún y en las ciudades fronterizas de Tijuana y Ciudad Juárez. 

 Dado que la trata es un delito penal, las organizaciones que lo llevan a cabo siempre trabajan en la clandestinidad por lo que no se cuenta en México con datos estadísticos sobre las personas afectadas por este flagelo. 

Por ello, apuntó, “es importante establecer las bases que obliguen al estado a cumplir una política integral que proteja los derechos fundamentales de la infancia”.