Niegan libertad a indígenas detenidos por asesinato del dirigente de FPR

CUAUTLA, Mor., 14 de abril de 2015.- Tras ser rechazado el recurso de impugnación contra la retención de los cuatro indígenas tlapanecos acusados de participar en el homicidio del dirigente estatal del Frente Popular Revolucionario Gustavo Salgado Delgado, familiares y decenas de simpatizantes se manifestaron frente a las oficinas del edificio conocido como Ciudad Judiciial en Cuautla, a un costado de la cárcel distrital.

Después de participar en la audiencia el abogado defensor Ricardo Colorado manifestó su malestar porque la autoridad no ha tomado en cuenta los peritajes y la evidencia de manera científica que demuestra que ellos no participaron en el homicidio del activista.

“Con esta resolución, dijo, convalidan las irregularidades que la Fiscalía General del estado de Morelos ha cometido en torno a la investigación del caso y evidentemente esto hace evidente un asunto de carácter político”.

Recalcó que lo que hace el gobierno del estado es paralizar la movilización social, “el negar la libertad de los cuatro indígenas obedece a una línea dictada por el Tribunal Superior de Justicia y de su titular para convalidar las irregularidades y la violación a los derechos humanos. Ahora vamos que litigar en contra del estado y de la Fiscalía y vamos a pedir el recurso de garantías para evitar estos actos bochornosos”.

Por otra parte señaló que ellos deberían de estar presos en Cuautla y no en el penal de Atlacholoaya, “además son claramente ‘Chivos expiatorios’, porque la ciencia va a demostrar que no se utilizó un machete para desmembrar el cuerpo de la víctima, que no fue asesinado en el lugar donde fue encontrado, sino que el señor Gustavo Salgado Delgado fue cercenado con una sierra eléctrica, porque hay evidencia material, gracias a los peritos de organizaciones no gubernamentales que nos han apoyado de manera gratuita”.

Pidió que investiguen otras líneas como la del robo, ya que portaba grandes cantidades de dinero provenientes de las cuotas de los integrantes del campamento que tienen en Ayala, que investiguen a los dueños de esos predios invadidos y al hostigamiento policíaco que denunció días antes de ser privado de la vida.