Necesario socializar y discutir públicamente una Ley para periodistas

CUERNAVACA, Mor., 26 de agosto de 2015.- Hemos tenido conocimiento del Proyecto de Iniciativa de Ley para la protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que tiene la LII Legislatura en estudio en comisiones. Consideramos necesario socializar y discutir públicamente esta iniciativa, con la participación de todo el gremio periodista y organizaciones defensoras de derechos humanos en la entidad para que responda verdaderamente a las necesidades de garantizar la libertad de expresión y combatir los riesgos y amenazas en el desempeño de las actividades.

Morelos forma parte de la situación general en México, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y los derechos humanos, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las medidas necesarias para frenar la violencia contra periodistas y defensoras.

Defender los derechos humanos y ejercer un periodismo libre y crítico forman parte de un mismo derecho establecido en la búsqueda de una sociedad democrática e informada para determinar el rumbo y los destinos de la mayoría de la población. Temas trascendentales en Morelos como el feminicidio, desaparición forzada y derechos laborales y de los pueblos, por citar algunos, sería menos visibles sin una prensa crítica y personas defensoras de estos derechos.

La Alerta de Violencia de Género y la Ley sobre Desaparición Forzada, por ejemplo, son logros de una sociedad que exige derechos y se organiza, contando con periodistas y defensoras conscientes. Por eso es que los temas están vinculados y ameritan ser abordados de manera amplia y con participación de la ciudadanía, como es la necesaria Ley para la Protección de Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos de Morelos que debe abrirse al análisis y participación de estos sectores y de toda la población para que cumpla realmente el objetivo de garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su actividad, mediante un mecanismo de protección verdaderamente efectivo, que vaya a las causas que las producen, reducir los factores de riesgo y dar garantías de no repetición.

Es necesario realizar una evaluación integral, desde una perspectiva feminista y con participación de las Defensoras de Derechos Humanos, de las deficiencias en la aplicación del Mecanismos Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Así como implementar una campaña amplia de impacto a la población en general para dar a conocer los alcances del mecanismo. Y brindar rendición de cuentas del presupuesto empleado, detallando los rubros en los cuales se ejerció ese recurso.

Abrir esta discusión es necesaria para no repetir las deficiencias, contradicciones e ineficiencias que se han tenido a nivel del mecanismo y la ley nacional, denunciado por periodistas y defensoras que en lugar de recibir protección han enfrentado situaciones de mayor vulnerabilidad ante situaciones de riesgo.

Es importante por lo tanto partir de definiciones. Considerando que son periodistas todas las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen, como establece el proyecto de iniciativa, así como Persona Defensora de Derechos Humanos, las personas físicas integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.

El contexto de violencia es sumamente grave en el país, como lo documenta la revista Horizontal.mx: 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a la fecha (de los cuales 82 eran hombres y seis mujeres); 18 han desaparecido (15 hombres y tres mujeres) y 55 instalaciones de medios han sido blanco de ataques violentos. Mientras que los ataques a medios tuvieron un auge de 2010 a 2013, las desapariciones se han mantenido más o menos constantes desde 2003. En cuanto a los asesinatos, los peores años han sido 2006 y 2008, seguidos de cerca por 2009, 2010 y 2011. Sin embargo, no ha habido una disminución significativa desde 2003. En el caso de 2015, a pesar de que el número de asesinatos y ataques a medios ha repuntado, sigue habiendo posibilidad de que las cifras crezcan en los meses que restan del año.

Los ataques contra periodistas tienen como principal propósito el control de la información que los reporteros han investigado y pretenden divulgar, es decir, el silencio y la censura. Cuando se mata, amedrenta o desaparece a un periodista, el efecto que se produce es cerrar una ventana de información a la que de otra forma hubiera tenido acceso la población.

Otra consecuencia de ese silencio es que los ciudadanos tienen menos elementos para tomar decisiones. En la medida en que la ciudadanía carece de la información necesaria para exigir la rendición de cuentas de un gobierno o para decidir cambiar de gobernante, el ejercicio democrático se va debilitando. El efecto último de la violencia contra periodistas y defensoras es la indefensión de la población ante un gobierno aparentemente democrático.

Ante la debilidad de la democracia lo que prolifera son los gobiernos abusivos, autocráticos o simplemente ineficaces. La importancia de los crímenes contra periodistas trasciende la injusticia, el dolor y la tragedia del crimen per se. Con la muerte o la desaparición de un periodista mueren las herramientas que permiten el fortalecimiento ciudadano y el actuar democrático.

Mueren las posibilidades de ejercer la ciudadanía.

En un país como México, cuya democracia es precaria, se necesita una población activa e involucrada. El derecho a la libertad de expresión es multidimensional y colectivo. Es multidimensional porque no solo se trata del derecho a decir o pensar cualquier cosa sino también de acceder a la información que deseamos.

La prensa sigue siendo la herramienta a través de la cual millones de personas obtienen información; de allí su función social clave en la configuración de una comunidad democrática. Es colectivo porque lo que decimos y escribimos no se limita a la esfera individual sino que genera consecuencias concretas en el resto de la sociedad y permite establecer redes, asociaciones, y da pie a la acción política.

El ejercicio libre y seguro del periodismo es un derecho colectivo y compartido, mediante el cual podemos acceder a una serie de derechos que, de no ser por la prensa, seguirían siendo inaccesibles.

En última instancia, entender este tipo de violencia, prevenirla, y permitir que la prensa siga aportando la información necesaria para construir una democracia sólida, una ciudadanía más involucrada en la defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, un mejoramiento de nuestras condiciones de vida.