Necesario legislar en protección del patrimonio cultural inmaterial

CUERNAVACA, Mor., 7 de septiembre de 2015.- Garantizar la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en México, requiere que en coordinación con las comunidades, las autoridades creen nuevas leyes o modifiquen las ya existentes, debido a que ninguna legislación lo protege, señalaron abogados especialistas en patrimonio cultural.

El derecho mexicano es positivista y, por lo tanto, lo que no está considerado en las leyes, no existe en el derecho, coincidieron los participantes en la mesa de trabajo “Aspectos jurídicos del patrimonio cultural inmaterial” del 3er Congreso Internacional sobre Experiencias en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.

María Santoyo Brown, de la UNAM, comentó que el derecho mexicano se divide entre lo público y lo privado, entra la división señaló que lo mercantil, civil y la propiedad intelectual pertenecen al ámbito privado; mientras que el derecho administrativo y penal pertenecen a lo público.

“El problema es que el Patrimonio Cultural Inmaterial no está en el ámbito del derecho público, ni del privado, uno de los elementos principales es que se ubica en la comunidad”, señaló durante la mesa de trabajo realizada en la sala “Manuel M. Ponce” del Centro Cultural Jardín Borda.

Santoyo Brown mencionó que Ley Federal sobre Monumentos, de 1972, sobre el patrimonio cultural material y que es la vigente, sólo considera a las zonas arqueológicas, artísticas e históricas.

La especialista relató que la anterior Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, de 1970, en el artículo 2 consideraba que “el patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes que tiene valor para la cultura desde el punto de vista del arte, la historia, la tradición, la fiesta o la técnica”, lo cual se acercaba más a la protección del PCI.

Jimena Chi Barrales, de la Japanese International Cooperation Agency México-Japón, presentó un estudio sobre el Conocimiento tradicional productivo en México.

Chi Barrales comentó que, en términos prácticos y de política pública, en México no existe la posibilidad de que las comunidades originarias, poseedoras del conocimiento tradicional, accedan de forma directa a los canales de protección de la propiedad intelectual.

Agregó que a partir del dato del INEGI en 2012, sobre la medición de la pobreza, en el que arroja que más de la mitad de mexicanos sufren carencias, entre ellas las de lectura y escritura, la hipótesis es que más de la mitad de la población no está preocupada por la propiedad intelectual.

“Y no lo digo a manera de condena, lo digo para crear políticas públicas y formar profesionales interesados en incrementar el uso de la propiedad intelectual por parte de los mexicanos, que es un país con un marco regulatorio bastante nutrido en la materia, pero no implica que esté diseñado para mexicanos y menos para las comunidades originarias”, puntualizó.

Jimena Chi informó que, de 2009 al 2013, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial recibió 14 mil solicitudes de patentes, y de ellas sólo el 7 por ciento, es decir casi mil 200 fueron de mexicanos.

La especialista cuestionó que además del bajo número solicitudes, éstas fueron a cargo de mexicanos pertenecientes a empresas de renombre, pero ninguna a título personal.