Mete ‘Ley Bala’ a Moreno Valle en un tobogán

PUEBLA, Pue. 20 de julio de 2014.- La muerte de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, el menor de 13 años que resultó herido por el impacto de una bala de goma que –acusan los pobladores de San Bernardino Chalchihuapa– dispararon agentes de la Policía Estatal de Puebla, colocó en el ojo del huracán al Gobernador de esa entidad, el panista Rafael Moreno Valle Rosas. 

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio en la autopista de Atlixco cuando los agentes lanzaron granadas de humo, gases lacrimógenos, balas y proyectiles de goma para dispersar a los pobladores de Chalchihuapa que protestaban en la vía para exigir la restitución de los servicios del Registro Civil a las juntas auxiliares. 

Dos meses antes, el Congreso local aprobó la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla, mejor conocida como “Ley Bala”, que permite el uso legítimo de la fuerza. 

La ley fue propuesta por Moreno Valle, como también fue decisión del Gobernador encargar la Seguridad Pública de Puebla a Facundo Rosas Rosas, un policía con una polémica trayectoria; cercano al ex Secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, uno de los responsables de la estrategia contra el narcotráfico implementada en el sexenio pasado, la cual dejó miles de muertes y desapariciones en todo el país. 

Sin embargo, esta no es la primera ocasión que el gobierno de Moreno Valle es señalado por reprimir protestas. 

En abril pasado se le acusó de “perseguir” campesinos, ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra del llamado Proyecto Integral Morelos y otros megaproyectos emprendidos por la gestión del panista. 

El Proyecto Integral causó polémica toda vez que se trata de un gasoducto que lleva el nombre de “Morelos” y que pasará en terrenos de dos juntas auxiliares de Cholula.

Por oponerse a su construcción mediante protestas fueron apresados la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, Enedina Rosas Vélez; el líder campesino Abraham Cordero Calderón, y el vocero del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Juan Carlos Flores Solís. 

En este nuevo caso de represión por parte de las fuerzas del estado de Puebla, Moreno Valle ha vuelto al centro de la polémica, en gran parte porque tanto organismo civiles, como activistas y políticos de oposición le señalaron los riesgos de implementar una ley regresiva en materia de derechos humanos. 

Ahora, a dos meses de ser promulgada la “Ley Bala” los resultados no son nada alentadores con la muerte de un niño por disparos de sus elementos de seguridad. 

Aunado a ley que propuso el mandatario poblano está el encargado de llevarla a cabo. El responsable de la Seguridad Pública del Estado: Facundo Rosas Rosas. 

De la experiencia de su Jefe de Policía no hay duda, incluso se le califica como un “súper policía”, especializado en labores de investigación; pero su accionar en la práctica ha generado acusaciones en su contra que incluyen corrupción, abuso de autoridad, ataques a los derechos humanos y presuntas relaciones con el crimen organizado.

 

De hecho, el operativo ocurrido hace dos semanas en Puebla rememora al del 12 de diciembre de 2011 en Ayotzinapa, Guerrero, cuando alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos bloquearon la Autopista del Sol en demanda de mejoras en su escuela y plazas para los egresados. 

En esa ocasión murieron dos estudiantes como parte de un operativo de las policías municipal, estatales y federal, ésta última a cargo de Rosas. Como consecuencia de estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló a Rosas Rosas como omiso, ya que reconoció que se enteró del operativo una hora después, “cuando ya había tres muertos, detenidos, personas que eran golpeadas por sus elementos sin hacer uso de medios como Plataforma México o para comunicarse con el C4 para enterarse de un operativo de esa magnitud, de esa gravedad, siendo el responsable de la corporación”. 

A pesar de ello Facundo Rosas no enfrentó su responsabilidad. El gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lo removió del cargo de Comisionado de la Policía Federal dos meses después de los hechos y lo nombró subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública federal. 

Tampoco pesaron en su contra los señalamiento de Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quien lo acusó, junto a García Luna, de recibir dinero de los grupos criminales y de pactar con los capos de los cárteles del narcotráfico.

 

Por el contrario, el panista Moreno Valle lo llevó a su gobierno y le encargó las labores de seguridad. Ya en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Rosas Rosas explicó desde los primeros días que aunque Puebla “es una entidad segura, […] no hay que esperar a que se descomponga”. 

En ese ocasión, los periodistas lo cuestionaron por el calificativo de “represor”, como lo llamaron en su tiempo legisladores opositores al gobierno de Felipe Calderón. 

En respuesta, Facundo Rosas respondió que seguramente se debe al caso de la Normal de Ayotzinapa. 

Sin embargo, dijo, es “una persona respetuosa de los derechos de las personas” y que el caso de los estudiantes de Ayotzinapa fue uno de los muchos que le han tocado atender, pero siempre ha actuado con sensibilidad y sin dolo. 

Ahora en el caso de Chalchihuapan, Rosas Rosas negó que agentes de esa corporación hayan usado balas de goma en el desalojo de los pobladores. 

En una breve conferencia de prensa en la que leyó un comunicado y en donde no aceptó preguntas, el titular de la SSP de Puebla dijo que la Policía Estatal nunca ha adquirido balas de goma. 

“En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”, leyó Facundo Rosas. 

A esto se suma lo dicho por Moreno Valle, quien ha afirmado que su gobierno no encubrirá a nadie y advertido que si esta investigación arroja alguna omisión o falta de parte de algún elemento de seguridad, éste será sancionado con todo el peso de la ley. 

Sin embargo, ha pedido que se actúe de la misma forma si se comprueba que el incidente inició por los manifestantes. 

“Pero lo mismo pedimos en caso de que se haya dado el incidente a causa de los manifestantes y también se ha presentado evidencia en este sentido, de tal suerte que lo que nosotros buscamos es llegar al fondo y que se haga justicia, que este hecho lamentable e inaceptable no quede impune”, dijo en la única conferencia que ofreció sobre lo sucedido en Casa Puebla el pasado 16 de julio. 

“Nosotros lamentamos mucho los hechos que se dieron y particularmente la situación grave en la que se encuentra un pequeño de 13 años, Luis Alberto, que está prácticamente entre la vida y la muerte y en ese sentido hemos pedido que haya una investigación a fondo”, agregó. Recordó que el día del incidente los manifestantes bloquearon una vía de comunicación, de tal suerte que el gobierno los trató de convencer de llevar sus demandas por los cauces legales y no afectando a terceros. 

“En este estado nosotros buscamos que los ciudadanos tengan absoluta libertad de expresión y creo que pueden manifestar sus planteamientos, sus inquietudes, sus necesidades o defender sus causas, legitimas o no, porque eso es la democracia, sin embargo deben hacerlo en los cauces institucionales”, refirió. 

A pesar de las explicaciones que dio el Gobernador, el pasado 16 de julio el Movimiento Nacional Los de Abajo exigió al Presidente Enrique Peña Nieto, así como al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong el cese a la brutalidad de lo que consideran como “la nueva ‘Ley Bala’ que el gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle ha instaurado contra los habitantes de Puebla”. 

También pidieron la renuncia inmediata de Facundo Rosas Rosas, Secretario de Seguridad Pública de Puebla, “por intento de homicidio colectivo en contra la población de San Bernardino Chalchihuapan”. 

El colectivo aseguró que el mandatario poblano pretende suspender “de tajo” los derechos ciudadanos a la libre manifestación y expresión. “Los niños de Puebla no merecen balas de goma para acallarlos”.

Con información de SIN EMBARGO.