
Reconoce juzgado federal a Juan Gabriel Vargas como presidente del TSJ
CUERNAVACA, Mor. 5 de enero de 2014.- Han trascurrido 14 meses desde aquel 1 de octubre del 2012 cuando Graco Luis Ramírez Garrido Abreu tomó protesta como Gobernador constitucional del Estado de Morelos, marco en el cual se dio cita la nueva izquierda, ésta, que tras una ruptura con Andrés Manuel López Obrador se apoderara del sol Azteca y prometiera el arranque de una Era, cerrando filas con el Gobierno Federal, algo impensable hasta hace algunos años.
Lo bueno
En alguna parte de aquel discurso, el hoy primer mandatario estatal realizó las iniciativas de decreto entre las que destacó el rescate del escudo original del estado de Morelos, elaborado por el pintor Diego Rivera y plasmado en los muros de la Secretaría de Educación Pública; además, cambió el nombre a la sede del ejecutivo de Palacio de Gobierno a “Casa de Morelos”.
Lo malo
En días posteriores, se comprometió a bajar la incidencia de violencia en el estado en 18 meses.
Lo feo
Hoy por hoy, suman 14 meses y la ola de delincuencia y el clima enrarecido de inseguridad no cesan: asaltos, ejecuciones, secuestros, entre otros delitos, han colocado a Morelos como uno de los estados más inseguros para residir y viajar, al grado de emitirse una alerta por parte de EEUU de no visitar Morelos por índices de inseguridad.
Ante las ejecuciones a plena luz del día, levantones y secuestros son el pan diario, el gobierno estatal continúa argumentado que la delincuencia disminuyó en un 50 por ciento, declaración emitida por el Gobernador en su conferencia matutina de los lunes; otro desacierto es la implementación de la Policía Acreditable constantemente señalada por abusos de autoridad. Se desarrolló una estrategia de seguridad que incluye al Mando Único Coordinado mismo que, a la fecha, no arroja los resultados requeridos.
La mano dura y represora se hizo presente en el 2013 cuando el gobierno desalojó a decenas de familias que residían en El Texcal; fue en la madrugada cuando policías llegaron al lugar e iniciaron con la quema de las viviendas. En el transcurso del siguiente día, los pobladores afectados bloquearon las vías de comunicación realizándose un segundo desalojo -incluidos los reporteros- para continuar con la línea familias que residían debajo de las tribunas en el estadio de futbol Agustín “Coruco” Díaz, en Zacatepec y, quienes contaban con amparos, fueron sacados de sus viviendas por la expropiación de los terrenos.
El gobierno declaró “no se trató de un desalojo, fue un proceso de notificación de riesgos” a pesar de que sus pertenencias fueron echadas a la calle y transportadas en camiones ocupados para construcción.