Libera juez a vendedores de heroína

CUERNAVACA, Mor., 26 de febrero del 2015.- Presuntos vendedores de heroína fueron liberados por una juez Penal con sede en Cuernavaca, porque los agentes del Mando Único revisaron su camioneta donde guardaban la droga sin contar con una orden judicial para ello.

Everardo y Oscar “N”, uno jardinero y el otro albañil, fueron detenidos el pasado miércoles al media día en posesión de 17 bolsitas de plástico que contenían dosis de heroína, pero el problema es que los agentes revisaron la camioneta, propiedad del segundo, sin que estos hayan sido sorprendidos cometiendo un delito.

De acuerdo a los datos que obran en la carpeta de investigación los agentes Francisco Ramírez Ortíz y Gildardo Gómez, realizaban un recorrido de vigilancia cuando se percataron que dos sujetos estaban acostados en el piso ingiriendo bebidas alcohólicas al costado de una camioneta Ford color blanca, cuya puerta del lado del chofer estaba abierta y los hoy liberados estaban a un costado de un precipicio que va a dar a la carretera federal Cuernavaca-Cuautla, conocida también como “El Cañón de Lobos”.

Los policías en su informe aseguran que les hicieron saber a los dos hombres que incurrían en una falta administrativa, y que serían conducidos con un juez Cívico.

Lo que ayudó a los dos detenidos es que uno de los policías procedió a revisar la camioneta, sin tener que hacerlo, pues la juez consideró que al no ser sorprendidos en la flagrancia de un delito, entonces no tenían por qué revisar el vehículo ya que ello significa un acto de molestia.

Los abogados en la audiencia celebrada este jueves alegaron que la Constitución General de la República señala que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o propiedades, sino en virtud de un mandamiento judicial que funde y motivo el acto de molestia.

“La obligación de los policías era haberlos amonestado primero, llamarles la atención y pedirles que se retiraran, si no lo hacían entonces sí presentarlos ante un juez Cívico”.

Y es que los abogados desde principio atacaron ese punto, además de que le hicieron ver a la juez Angélica Jaimes Salgado, que los policías tardaron cinco horas para entregar al ministerio público a los detenidos, rompiendo con ello el principio de inmediatez que establece la propia Carta Magna.

“Fueron cinco horas para redactar el oficio de puesta a disposición, eso es excesivo y vulnera los derechos”, indicó.