Piden obispos freno a amenazas en su contra en Morelos

CUERNAVACA, Mor., 18 de marzo de 2016.- La Comisión Episcopal para la Pastoral Social, hizo un llamado enérgico a las autoridades del estado de Morelos que esclarezca las amenazas e intimidaciones que han sufrido los miembros de dicha comunidad.

En un desplegado, la CEPS también conmina a la administración estatal a atender todos los hechos violentos que se han registrado en la entidad.

A continuación el texto íntegro del desplegado:

Al Gobierno Federal
Al Gobierno Estatal de Morelos
A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos
A la Opinión Pública en general
 
El Papa Francisco en su reciente visita a México destacó el testimonio de aquellos ciudadanos que “han comprendido que para poder superar las situaciones nacidas de la cerrazón del individualismo, era necesario el acuerdo de las Instituciones políticas, sociales y de mercado, y de todos los  hombres y mujeres que se comprometen en la búsqueda del bien común y en la promoción de la dignidad de la persona”.
 
Haciendo eco de estas palabras, nosotros, los obispos integrantes de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (CEPS), hacemos un enérgico llamado a las autoridades correspondientes  para atender los hechos violentos ocurridos recientemente en el Estado de Morelos, mismos que compartimos más adelante y esclarecer las situaciones de amenaza e intimidación de que  han sido víctimas diversos agentes de pastoral de la Diócesis de Cuernavaca.
 
En días pasados se suscitó un atropello en la parroquia, santuario de Tepalcingo, oriente de Morelos, donde existe un problema añejo relacionado con una feria bicentenaria  donde el tercer viernes de Cuaresma asisten múltiples peregrinos para honrar la imagen de Jesús Nazareno. El problema recurrente es el manejo de los recursos. Un comité espurio, nombrado supuestamente por el pueblo, ha querido en esos días apoderarse de la administración, relegando la función del párroco a un empleado.  Se trata de personas que no participan en la vida pastoral de la comunidad, algunos ni siquiera son católicos y quieren someter a la Iglesia a sus intereses, incluso mezclan intereses políticos.
 
El 4 de febrero pasado, el mencionado grupo se instaló en el atrio del templo impidiendo el desarrollo de las actividades pastorales y culturales de la parroquia. Siguieron días de tensión, ofensas y calumnias. Por escrito y verbalmente proferían amenazas contra el párroco. El domingo 7 de febrero los grupos parroquiales decidieron llevar a cabo una marcha por la paz. Al finalizar desalojaron a los invasores del recinto sagrado. Media hora después regresaron junto con un grupo de ticuanes (danzantes enmascarados), quienes, al parecer habían sido preparados previamente con bebidas embriagantes y enervantes, irrumpieron violentamente en la casa parroquial con cadenas, palos, machetes, piedras y armas golpeando personas y destruyendo puertas, ventanas, baños y enseres propios de la casa habitada por dos sacerdotes.
 
Durante este prolongado tiempo de violencia, hay testigos de que el mando único permaneció pasivo observando sin intervenir mientras eran golpeados; algunas personas tuvieron que huir. Los ofensores, al parecer completamente ajenos y solo contratados para este acto de violencia, preguntaban quién era el cura que buscaban, querían lincharlo. Como pudieron escaparon dos de los cuatro sacerdotes que allí se encontraban.
 
Quemaron la motocicleta del vicario, robaron 120,000.00 pesos que el párroco había pedido prestado para compra de material para la feria, robaron computadoras y todo cuanto tuvieron a su alcance. El Santísimo Sacramento fue derrumbado al suelo, pisoteado y profanado. Se burlaron de los indumentos sagrados y presumían todo cuanto habían podido distribuirse: computadoras, dinero, zapatos y ropa de los presbíteros.
 
Llama enormemente la atención que la policía solamente observaba,  cuando terminó la violencia y habían destrozado la casa, ni la policía municipal, estatal, ni federal desalojaron a los agresores, ellos quedaron en posesión del santuario y la casa del peregrino. Actualmente mantienen la total administración del santuario; los fieles que permanecieron al lado de los sacerdotes tienen prohibido entrar al templo.
 
Inmediatamente, al día siguiente, es decir el lunes 8 de febrero se presentó la demanda de los hechos al Ministerio Público y a la Procuraduría General de Justicia de Morelos, sin embargo en ambas oficinas fue rechazada la petición sin motivo o razón alguna. Destaca el casi nulo cubrimiento de lo sucedido en los medios locales de comunicación y la falta de objetividad en la escasa publicidad que ha habido de los acontecimientos, lo cual pone en evidencia una manipulación de la información y un deseo de no hacerla conocer.
 
Nos preguntamos ¿Dónde se encuentra el  estado de Derecho en  nuestro país? ¿Qué otras personas e intereses se hallan en el trasfondo de este ataque tan violento y desproporcionado? ¿Se tratará de otro hecho que quedará en la impunidad total?
 
La Comisión Episcopal  para la Pastoral Social quiere expresar su solidaridad con Mons. Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y miembro integrante de esta Comisión como responsable de la dimensión episcopal de Justicia, Paz Reconciliación Fe y Política; nos preocupa su  integridad y seguridad,  así como la de su presbiterio, sus agentes de pastoral y su feligresía, ya que este no es un hecho aislado sino que se suma a una serie de amenazas e intimidaciones que se han venido presentado desde hace varios meses en la Diócesis de Cuernavaca.
 
Confiamos en que las autoridades federales y estatales responderán de forma inmediata y urgente para  implementar de manera efectiva las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad de dichas personas.
 
“Cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo” (Papa Francisco en Palacio Nacional)
 
Atentamente,
Los obispos de la CEPS
 
Mons. José Leopoldo González González
Obispo de Nogales
Presidente de CEPS y de Cáritas Mexicana
 
Mons. Guillermo Ortíz Mondragón
Obispo de Cuautitlán
Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana
 
Mons. Guillermo Francisco Escobar Galicia
Obispo de Teotihuacán
Dimensión de Pastoral Indígena
 
Mons. Enrique Sánchez Martínez
Obispo de Nuevo Laredo
Dimensión de Pastoral de la Salud
 
Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe
Obispo Auxiliar de Monterrey
Dimensión de Pastoral del Trabajo
 
Mons. Andrés Vargas  Peña
Obispo Auxiliar de México
Dimensión de Pastoral Penitenciaria