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Exalcalde de Cuernavaca sale de prisión… para irse a arraigo domiciliario
Gerardo Becerra Chávez Hita, Eduardo Maigre, Arturo Díaz de Sandy, Jorge Ikeda, Edgar Vargas, Guillermo Amerena y José Luis de la Borbolla, integrantes de la CMMC, dialogaron ampliamente con el primer visitador de la CNDH para describir el panorama de descomposición social que padece Morelos.
Además de la grave crisis de inseguridad en toda la entidad, Graco Ramírez ha trazado como política de gobierno hostigar las expresiones ciudadanas que lo critican, señaló Gerardo Becerra quien afirmó que las víctimas son criminalizadas doblemente “ya que si hay una ejecución inmediatamente se dice que le sucedió eso porque andaba en malos pasos”.
Guillermo Amerena manifestó que la violación a las garantías individuales también se expresa en la falta de desarrollo económico ya que muchas empresas y familias han tenido que abandonar Morelos ante las amenazas de secuestro, extorsión y otros delitos.
Jorge Ikeda afirmó que el clima de descomposición se aceleró desde que el gobierno estatal emprendió una serie de ataques contra ciudadanos y organizaciones mediante redes sociales desde oficinas gubernamentales.
La CMMC, en voz de sus integrantes, indicó que es necesario la intervención de instancias federales ante las condiciones que imperan en la entidad. “No hay las mínimas posibilidades de que se reconozca el nivel de gravedad que se vive ni que las estrategias han fallado. Por eso hay un gran clima de impunidad”, añadió Díaz de Sandy.
Al grado ha llegado la actuación del gobierno estatal que se han utilizado recursos públicos para descalificar a un movimiento social con demandas genuinas y se ha tratado de boicotear la marcha del próximo 1 de abril, aseveró Gerardo Becerra.
Ante las expresiones de la CMMC, López Guerrero subrayó que la CNDH tiene la encomienda de velar por las garantías de todos los mexicanos y por eso actuará ante las peticiones realizadas por ciudadanos de Morelos.
En ese sentido, el organismo civil morelense se comprometió a integrar un expediente con varios testimonios de víctimas de la delincuencia y pruebas documentales de la actuación del mandatario estatal para que la CNDH tenga un panorama claro para proceder de manera jurídica.