
Muere mujer durante ataque a familia en la México-Cuernavaca
TLALNEPANTLA, Mor. 22 de mayo de 2014.- De visita por la región oriente, la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos (CDHM), Lucero Benítez Villaseñor anunció el inicio de la queja de familiares de la extesorera de Tlalnepantla, Jenny Sánchez Ramos por las omisiones que aseguran que las autoridades ostentaron ante las denuncias por amenazas contra la servidor público.
Bajo el número de queja 502014VRO, la CDHM inició una queja a solicitud de los inconformes, dio a conocer que el pasado 20 de mayo se notificó a las autoridades y se espera que los familiares acudan a ratificarla, “el visitador ya se acercó a la familia para ver si se puede dar una ratificación y dar vista de la información que dé la autoridad, hemos dado seguimiento a través de los medios cómo se va dando ésta situación”.
Precisó que están muchos factores y sectores de gobierno involucrados en el asunto a quienes ya se les pidió un informe que tendrán que rendirlo como en el caso de la Fiscalía donde se comprueba la omisión de las amenazas que fueron denunciadas así como por parte de la Secretaría de Gobierno la cual tendrá que entregar un informe de 24 horas para notificar los avances de las investigaciones y verificar por qué las armas se encontraban sin balas.
La CDHM espera que para el día de mañana reciba la primera información y el acercamiento con la familia para ratificar la queja.
Así mismo insistió que la Fiscalía debe dar seguimiento a la denuncia presentada por la propia tesorera municipal y en la que “no se tomaron las medidas precautorias”, acotó.
Dicha demanda con número de carpeta de investigación FLPM7612014 con orden de investigación del 4 de abril del presente año por el delito de extorsión presentada a la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Libertad de Personas comprueba la extorsión a la que estaba sujeta de manera recurrente la funcionaria pero que fue omitida por las autoridades y no se le brindó la protección oportuna.
A su vez destacó las medidas que la propia población ha tomado como la petición de la licencia del Alcalde Fausto Rubio Pilllado en un ambiente de acusaciones en su contra por desfalco administrativo que “lógicamente comenzó a genera conflicto de amenazas hacia la tesorera y también a deslindar las responsabilidades de las autoridades municipales, del propio cabildo si tenía información sobre esta circunstancias y de las autoridades de la fiscalía y Seguridad Pública a través del Comisionado Alberto Capella”