Exigen libertad de Mireles en Morelos

CUERNAVACA, Mor. 2 de julio de 2014.-   El Pacto por la Soberanía Alimentaria exigió el cese de la criminalización de los movimientos sociales, y la liberación del líder de las Autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, detenido esta semana en Michoacán.

El organismo, que aglutina diversas organizaciones sociales y de derechos humanos, aseguró que el gobierno federal tiene por objetivo acallar los movimientos de descontento en el país,  a través de la represión y persecución judicial.

En un pronunciamiento hecho publico en esta ciudad, el PSA, que la detención de Mireles tiene como objetivo principal “imponer la “Fuerza Rural” Estatal de Michoacán, y terminar con las autodefensas que no fueron incorporados a su control”, afirmó Claudia Sierra Campuzano, integrante del colectivo.

Agregó que para someter a Mireles, las fueras federales usaron el engaño y la mentira y usan todo tipo de vejaciones y violaciones a los derechos humanos contra el líder rebelde, para ponerlo de rodillas, además de que ponen puesto en riesgo su vida al colocarlo en prisiones de alta seguridad en sonora y Nayarit.

Sierra Campuzano, afirmó que el caso de Mireles, es una muestra más de cómo en México, el gobierno federal emprende una “cacería” contra líderes de movimientos sociales, que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión y de organización, para llenar las cárceles de la gente que lucha por sus derechos, en lugar de que sean los delincuentes los que sean aprehendidos, lo que demuestra que están protegidos por las autoridades.

Por su parte, José Martínez Cruz, vocero de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), reprochó que dicha criminalización termina por dañar democracia, la libertad de expresión, la libertad de organización y la autonomía que a las organizaciones les ha costado mucho alcanzar.

“Estos derechos no son una expresión gratuita, no son concesiones que otorga el gobierno, son libertades ganadas por años de lucha, por décadas de lucha del pueblo de México; que no se respete hoy la autonomía, la autodefensa es un retroceso es la historia democrática de México”.

Los activistas enumeraron una lista de líderes sociales, agrarios y de derechos humanos que son criminalizados, perseguidos y encarcelados por su lucha, como son los casos del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), de los activistas Antonio Esteban Cruz y Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan.

También refirieron los casos de Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT); de Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz al momento de su detención, e integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada.
“En Morelos han detenido arbitrariamente y torturado a Jaime Domínguez de Jantetelco, integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Aire y la Tierra (PDAyT) así como a campesinos y campesinas de Amilcingo que se oponen al gasoducto y al Plan Integral Morelos que incluye la termoeléctrica en Huexca y el acueducto desde Ayala y Cuautla”, apuntó.