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CUERNAVACA, Mor., 5 de abril de 2016.- A través de un punto de acuerdo del Senado de la República, el senador, Fidel Demedesis Hidalgo, exhortó al gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu, a fin de que aclare el destino del presupuesto de egresos desde el año 2013.
En rueda de prensa, el senador informó que en el año 2011 el Congreso local elaboró una ley para garantizar la gratuidad de la educación donde asignaron tres salarios mínimos vigentes por cada estudiante del sistema básico escolar, a fin de que disminuyera la deserción escolar.
Recalcó que este recurso únicamente está destinado para pagar el mantenimiento de las escuelas y la compra del material didáctico de los maestros.
Sin embargo señaló que en el año 2013 casi un 60 por ciento no se dio este pago; en el 2014 más del 60 por ciento no lo recibió; y para los años 2015 y 2016 mas del 90 por ciento no obtuvo este dinero.
“Nuestros niños están pasando por unas de las peores crisis en materia educativa, hemos estado revisando lo que pasa a nivel nacional y desafortunadamente se agudiza en Morelos; se agudiza porque el gobierno del estado ha dejado de atender las cuestiones que son de su incumbencia. Esta ley para erradicar la obligatoriedad de las cuotas escolares es un mandato y en tanto de que sea un mandato y no se cumple hay una violación flagrante a la ley”, dijo.
Ante ello, Fidel Demedesis, exhortó a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), para que investigue el destino del recurso el cual no ha sido entregado completamente, aasegurando que si la auditoría del estado no realiza las acciones correspondientes, tendrá que ser la auditoria superior de la federación la que se encargue de esta auditoría.
Finalmente dijo que al no cumplir el gobierno con este decreto más de 360 mil niños de nivel medio superior están siendo afectados, por lo que invitó al mandatario estatal para que pague el recurso y se eviten las cuotas escolares, “Nosotros le hemos solicitado a los padres de familia a los maestros para que de manera respetuosa le soliciten al gobierno del estado que cumplan la ley, aunque eso no debiera ser una solicitud, mucho menos una exigencia, debiera ser un convencimiento de quien gobierna, porque está atentando contra el patrimonio que tiene el estado, que son los niños”, concluyó.