En 2030 habría 22.2 millones de adultos mayores

MÉXICO, DF., 30 de agosto de 2014.- El creciente envejecimiento de los mexicanos demanda la intervención más decidida del Estado y de la sociedad para atender de forma integral a esta población, ya que alrededor del 70 por ciento de los adultos mayores dependen de su familia o sufren abandono, sostuvo la diputada Elvia María Pérez Escalante (PRI).

La titular de la Sub Comisión de Adultos Mayores, en el seno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refirió la responsabilidad económica y social con más de 10.5 millones de ciudadanos, que representan el 7.0 por ciento de la población total del país, de acuerdo con el último Censo del INEGI, por lo que es “crucial para el desarrollo futuro de México”, además de saldar la deuda histórica que se tiene con ellos. En el marco del festejo del Día del Adulto Mayor, establecido por la Organización de la Naciones Unidas (ONU) para dignificar a este sector, la legisladora del PRI, apuntó que “no todos los adultos mayores son abuelos, ni todos los abuelos son adultos mayores”.

Hizo un llamado al comercio organizado que conmemora desde hace varios años, por error e incorrectamente el 28 de agosto como día del abuelo.

Precisó que en las últimas décadas México transita hacia un rápido proceso de envejecimiento como resultado del proceso demográfico motivado por el mejoramiento de las condiciones de vida, particularmente en materia de salud y alimentación. Hasta hace 20 años en el país se empezó a prestar atención a esta población y su problemática, por lo que urgió a diseñar más estrategias públicas y un marco jurídico acorde a la situación de vulnerabilidad que enfrentan, para garantizar el pleno respeto de sus derechos de forma integral.

Destacó la importancia de que reciban del Estado, la sociedad y sus familias igualdad de trato, oportunidades y respeto a sus derechos humanos, a fin de integrarlos a la sociedad y reconocerles su contribución en la construcción de la nación, y diseñar programas anticipados, afirmó. Apuntó que en la Cámara de Diputados se han unido esfuerzos para brindarles mayores recursos y atención a las personas adultas mayores.

Destacó el fortalecimiento del Presupuesto de Egresos 2014 por un monto de 42 mil millones de pesos, mientras que en 2013 se canalizaron casi 24 mil millones. Resaltó el programa de pensión, el cual ha “demostrado que la combinación de la entrega de una pensión, más la realización de acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental, mejoran efectivamente las condiciones de vida de los adultos mayores”, para avanzar en una sociedad más incluyente.

Dicha estrategia se alinea a las reformas aprobadas de los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución por la Cámara de Diputados, para elevar a rango constitucional la Pensión Universal para Adultos Mayores. Subrayó que en la actual LXII Legislatura se han publicado en la Gaceta Parlamentaria y presentado ante el Pleno, iniciativas que reforman las leyes de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la Protección contra el maltrato y la violencia, la de Salud y el Código Penal Federal.

Así como, la presentación de puntos de acuerdo a las diversas instancias gubernamentales como la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el INAPAM para que incorporen en sus campañas de difusión una cultura de respeto a las personas adultas mayores, y a los tres niveles de gobierno para dignificarlos.

Por ello, se busca atender a este sector, ya que la tendencia apunta que para 2030 haya 22.2 millones de adultos mayores en México y para el 2050 una tercera parte de la población tendrá más de 60 años de edad, es decir, uno de cada 4 mexicanos. Comentó que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que la esperanza de vida de los mexicanos para la década de 2050 será de 79.42 años (81.6 para mujeres y 77.3 años para hombres).

Señaló que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) indica que 3 millones de personas mayores de 60 años están activas económicamente, preponderantemente en el sector informal, y apenas 1 millón de ellos cuenta con seguridad social.