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Pagará Ayuntamiento de Jiutepec deuda por 11 mdp al SAT
Diputados librarán a Alcaldes y otras autoridades de la destitución judicial
CUERNAVACA, Mor., 7 de julio de 2014.- El Congreso de Morelos reformará este miércoles la legislación local para evitar que los alcaldes, diputados y otras autoridades electas, puedan ser destituidos por mandato judicial, derivado de un proceso administrativo que no se generó en su periodo.
Mediante la presentación y votación del dictamen correspondiente en la sesión ordinaria de este miércoles, el cual reformaría el artículo 124 de la Ley de Servicio Civil del estado, los legisladores entran de lleno a la resolución de uno de los conflictos de mayor envergadura que enfrentan la mayoría de las alcaldías debido a que arrastran laudos laborales, la mayoría impagables y no atribuibles a su administración, de lo contrario, un juicio administrativo les lleva hasta la destitución.
Juan Ángel Flores Bustamante, líder del Congreso Estatal, adelantó que para este miércoles está considerada la presentación del dictamen emanado de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social para que pueda ser votado en la sesión correspondiente como un asunto de “urgente y obvia resolución”.
“Hay confianza en que pueda ser aprobada, porque es una forma de defender los derechos de los electores y de la gente que votaron por un candidato. Sería injusto que les quitaran el cargo que la gente les dio por laudos laborales que no se generaron en su administración”, subrayó.
Agregó que con esta reforma se les daría armas a los alcaldes para negociar los laudos: “El hecho de que hoy no tengan el fuero y los puedan destituir por un laudo, no les daba la posibilidad para poder bajar los laudos que se están generando, de esta manera podrían negociar con los diferentes abogados para lograr reducir la deuda de tal forma que pueda ser pagable”.
Actualmente, los Ayuntamientos de Emiliano Zapata y Zacatepec enfrentan conflictos legales, incluso la destitución completa de los cabildos debido a los millonarios adeudos que han culminado en juicios administrativos y en la sentencia adversa correspondiente.