Diputados avalan fondo extra por 11 mmdp para estados y municipios

CD. DE MÉXICO, 01 de agosto de 2014.- El Pleno de la Cámara de Diputados ratificó y avaló el acuerdo de los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD con la Secretaría de Hacienda, para crear un “fondo compensatorio” de 11 mil millones de pesos para estados y municipios, que repondrá el impacto de las leyes fiscales de energía en las participaciones locales.

Las reformas se hicieron a diversos artículos de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y en los transitorios de la Ley de Coordinación Fiscal, y quedaron aprobadas con 333 votos a favor y 102 en contra.

Después de ocho horas de discusiones, hasta algunos legisladores del PRD votaron a favor, en lo particular, de este ajuste, aunque su voto fue en contra en lo general de todo el paquete de leyes fiscales del sector energético.

A nombre del PRD, el diputado Carol Antonio Altamirano argumentó que el partido está en contra en lo general del dictamen y de la orientación de una reforma energética que privatiza el sector energético, “pero siendo congruente con lo ocurrido y la lucha sostenida coordinada con los gobiernos estatales afines al PRD, debemos reconocer que este es un paso en la dirección correcta”.

Consideró que “finalmente se reconoció la necesidad y la justicia de establecer una compensación para las entidades y municipios con este adéndum y se fijó como una diferencia a cubrir por parte de la Federación, entre lo recibido en 2013 y las nuevas condiciones en que se entregará la Recaudación Federal Participable. El límite planteado es de 11.800 millones, cifra cercana a nuestros cálculos”.

“Esto no corrige ni resuelve todo el problema, ni justifica el conjunto de la reforma energética. Pero debo reconocer que se corrige el error y se evita dejar a los estados de todo el país en la total indefensión y como limosneros”, indicó.

Admitió que “sin duda que es un pequeño avance, y una golondrina no hace verano, pero quiero dejar constancia de los hechos y reconocer un ajuste que corrige una injusticia, que afectaba la operación cotidiana de 32 gobiernos estatales y de todos los municipios”.

FUENTE: El Financiero