Denuncian tráfico de influencias en procesos contra edil de Ocuituco

CUERNAVACA, Mor. 20 de julio de 2014.- Debido al tráfico de influencias, las demandas de divorcio necesario por violencia intrafamiliar y otras de carácter penal en contra del edil de Ocuituco, Juan Carlos Flores Espinosa, iniciadas por su aún esposa Aquilina García Calderón, están varadas.

Desde la actitud de algunos servidores públicos de responsabilizarla de la situación de violencia intrafamiliar, hasta la negativa de la tesorería y la dirección jurídica del Ayuntamiento de otorgarle la pensión alimenticia de su menor hija -ordenada por un juez–, llevan la misma orden no, porque lo dice el presidente.

“No busco lástimas solo lo que nos toca conforme a la ley”, expone la licenciada en administración.

Desde qué salió de su casa a la medianoche el pasado 18 de mayo, con lo apenas puesto y los útiles escolares de su hija de siete años, García Calderón vive de prestado, en una casa rentada en el municipio de Yecapixtla y en espera de las autoridades de lo civil y lo judicial, den inicio a las carpetas de averiguación.

Acompañada de su abogada, Norma Delgado Díaz, Aquilina García da cuenta de la imposibilidad de ingresar a su domicilio, porque las chapas de la casa ya han sido cambiadas y de la orden a sus colaboradores en el sistema DIF de que sí interactúan con ella, serán despedidos.

“El dice que tiene todas las influencias para que todo avancé a su modo, pareciera que es así… Quien debe de hacer cumplir el derecho es el primero en violentarlo y en perjuicio de su hija… lo único que hace es mover todo a su beneficio”, apunto la litigante.

El pasado cuatro de mayo, tras un evento fallido,  al llegar al domicilio conyugal, el edil de Ocuituco arremetió en contra de su esposa: gritos, manotazos, empujones y hasta un cuchillo salió a relucir en la discusión. Su familia fu testigo, pero no se metieron en el conflicto de la pareja.

A partir de ese momento la situación de violencia se acrecentó. No hubo dinero para la casa y ni la manutención de la niña, por lo que interpone una denuncia.

Sigue la destitución de la primera dama del sistema DIF y la suspensión de sus herramientas de trabajo: ni celulares ni camioneta. La envía al cuarto de la niña y le prohíbe el uso de las cosas de la casa.
Días después  el 18 de mayo, se le notifica la demanda civil y el alcalde la golpea y la obliga a salir de la casa, sin nada, bajo la amenaza de acusarla de robo.

Desde entonces y hasta ahora “hemos buscado la conciliación, sin respuesta y sin avancé alguno en nuestros procesos, pero el edil sí conoce de nuestros argumentos al poco de presentarlos”, denunciaron.

Durante este fin de semana hubo un intento de recuperar sus pertenencias pero al domicilio familiar  ya se le habían cambiado las chapas.