Deciden 3 millones de usuarios de extinta LyFC no pagar servicio: SME

CUERNAVACA, Mor., 17 de mayo de 2014.- Al menos 50 mil usuarios de la zona de influencia de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), han presentado una queja administrativa ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidiéndole ser su mediador ante una serie de conflictos en la prestación del servicio de energía eléctrica.

Según dio a conocer Víctor Vargas Reyes, pro-secretario de Divisiones del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), las inconformidades ante el servicio que brinda la Comisión Federal de Electricidad (CFE), van a la alza.

Entrevistado en el arranque de una campaña para establecer en Morelos una delegación local de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), el esmeísta detalló que en la zona donde prestaba servicio la extinta Luz y Fuerza del Centro existen seis millones 400 mil usuarios, y de éstos, al menos tres millones se han colocado en rebeldía y han decidido no cubrir el servicio.

Según argumentó el esmeísta, a cuatro años siete meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro “no han mejorado el servicio y, por el contrario, se ha incrementado la tarifa de los servicios domésticos a más del 200%”, lo que ha generado una creciente inconformidad entre los usuarios.

Previo a su traslado a Necaxa, Estado de México, para participar en la caravana nacional convocada por el SME en rescate de la termoeléctrica y acompañado por representantes de movimientos sociales en Morelos, el Vargas Reyes puso en marcha una campaña en contra de los pagos de energía eléctrica y encabezó asambleas para concientizar a la población capitalina.

Ahí, los activistas convocaron a la defensa, a la no privatización del servicio y a la derogación de la reforma eléctrica, impulsando la creación de comités de usuarios en el país.

Además de convocar a los morelenses a impulsar la iniciativa ciudadana presentada el pasado 12 de diciembre ante el Senado y la Cámara de Diputados, avalada con más de 400 mil firmas, pidió que se impida que el servicio de energía eléctrica sea una mercancía y que se eleve a un derecho constitucional.

Pugnaron porque se implemente una tarifa social a nivel nacional y un “borrón y cuenta nueva” para los deudores de la extinta paraestatal.