
Revisará FGE carpeta de investigación contra Cuauhtémoc Blanco
CUERNAVACA, Mor., 30 de septiembre de 2015.-El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Morelos (IDEPEM), aclaró que la conclusión de las relaciones laborales registradas a la fecha se han cumplido con los procedimientos legales y, en todos los casos, quedaron cubiertas las prestaciones de los servidores públicos, las que fueron pagadas ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (TECA).
“No existe hasta el momento ningún despido injustificado por parte de la titular del Instituto de la Defensoría Pública, en perjuicio de personal operativo y administrativo alguno”, precisó la titular del IDEPEM, Mirta Sagrario Aguirre Gómez.
Añadió que en los archivos del IDEPEM están los documentos de respaldo de los acuerdos tomados con cada defensor en particular, así como las copias con firma de recibido de los cheques que avalan los pagos de finiquito que, conforme a derecho, a cada uno de ellos le correspondió.
Puntualizó que existieron bajas como consecuencia de la celebración de convenios, donde los ex servidores públicos de manera libre, voluntaria e informada, previa negociación que llevaron y aceptaron con el área administrativa del IDEPEM, rescindieron su relación laboral, como en el caso de la licenciada Susuki Pérez Quintero.
Los licenciados en Derecho dados de baja como consecuencia de un procedimiento administrativo por irregularidades en su desempeño, a la fecha el IDEPEM desconoce si los mismos presentaron o no demandas laborales ante las instancias competentes, ya que el Instituto legalmente no ha sido notificado de dicha situación, manifestó.
Expuso que las bajas por procedimiento administrativo, en su mayoría, fueron por exceso de faltas, ya que los ex defensores dejaron de presentarse a laborar sin causa justificada a sus respectivas áreas de adscripción y a quienes se les respetó el derecho de audiencia del servidor público dentro del procedimiento.
Respecto a la situación de la técnica profesional y defensora pública, Claudia Susana Pantaleón Ramírez, del área de amparos, está pendiente por resolverse su situación laboral con la institución.
Aclaró que no existe en nómina ningún familiar en línea recta, ascendiente o descendiente, y tampoco tiene secretario particular, pues dicha plaza no existe en el organigrama del Instituto.
Quienes coordinan a los Defensores Públicos en cada Distrito en el sistema tradicional y acusatorio, así como el área de atención temprana en las fiscalías son licenciados en Derecho con plaza de defensores públicos en nivel de coordinador, indicó.
“Este sistema está en revisión y modificación la estructura del IDEPEM para no duplicar funciones en cada plaza, y ajustar los perfiles de puesto y, con ello, sujetarse a una política de presupuesto por resultados”.
Por todo lo anterior resulta incongruente que dichos ex servidores públicos argumenten despidos injustificados, ya que firmaron y cobraron sus respectivos finiquitos, sin que en ningún momento interpusieran demanda laboral alguna, es decir, consintieron el acto que actualmente, después de tanto tiempo pretenden reclamar”.
Son apreciaciones subjetivas carentes de sustento por parte de ex funcionarios públicos, quienes cuestionan de manera infundada su avance y fortalecimiento institucional concluye el comunicado, apuntó.