Avalan dictamen para posible “privatización” del agua

MÉXICO, DF. 5 de marzo de 2015.- Este miércoles, las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la cámara de diputados aprobaron la Ley General de Aguas, misma que abre la puerta a una virtual “privatización” de la distribución de agua potable.

Los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que integran dichas comisiones, denunciaron que el dictamen fue distribuido durante la madrugada, “contraviniendo los reglamentos con que operan las comisiones, por lo que se levantaron de la mesa y el proyecto fue avalado con los votos del partido tricolor, el panismo, la cúpula ecologista y los legisladores aliancistas”, publica SinEmbargo.

De ser avalado y corroborado el documento, que ahora ha sido enviado al pleno de San Lázaro y luego se prevé se estudie en el Senado de la República, comenzaría a operar un sistema de concesiones para la distribución del agua que permitiría la participación de empresas privadas para su distribución y explotación.

“Con esta legislación, el Estado garantiza el derecho humano al acceso al agua y servicios como su distribución, alcantarillado y tratamiento, además establece nuevos supuestos de delito que involucra la contaminación del sistema hídrico con multas de 200 a 50 mil días de salario mínimo (alrededor de 3 millones pesos), así como acciones penales o administrativas, precisa la Ley General de Aguas recién avalada al añadir que “se permite la participación de la iniciativa privada con certeza jurídica”.

LEGALIDAD “TRANSPARENTE”
Conforme al portal XEU, en el texto se afirma que la disponibilidad per cápita del agua en México ha ido disminuyendo (ya sea por factores socioeconómicos, climatológicos o de sobre población en las localidades urbanas y rurales), haciendo hincapié en la sequía que fustigó al país de 2009 a 2013.

“Esta situación ha obligado al Estado mexicano a implementar medidas drásticas, por sí o con la participación del sector privado, que le permitan satisfacer la demanda de agua, por lo que se propone regular su autorización y modalidades”, propone la ley, misma que se establece como “capaz de encaminar el país hacia la sustentabilidad”.

Aprobada por unanimidad, con 31 votos a favor y luego de un debate que abarcó 3 horas, la Ley General de Aguas contempla que el titular del ejecutivo Federal pueda otorgar concesiones para la explotación, uso y aprovechamiento del vital líquido hasta por 60 años.

Según recoge El Universal, fue el legislador priísta Kamel Athie Flores y titular de la Comisión de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos, quien dijo que las reservas del dictamen serán discutidas en el pleno a partir de este jueves y rechazó que esta ley vaya a “privatizar el agua”.

¿QUÉ CONTEMPLA?
1.- Animal Político precisa que el bosquejo de ley permite el denominado “trasiego” o “trasvase” de aguas nacionales para “mudarlas” de una cuenca o manto acuífero hacia otro, ello a través de “obras de infraestructura hidráulica, para concesionar las aguas, explotarlas, usarlas o aprovecharlas en un lugar distinto a su extracción”.

2.- El uso de las aguas nacionales para generar energía eléctrica destinada a servicios públicos queda reglamentado, lo que permitiría expropiar discresionalmente cualquier cuerpo de agua para obras. De acuerdo a la oposición, este inciso generaría ultimadamente problemas en materia territorial, ya que se suscitaría un posible “desalojo o desplazamiento de comunidades”, sin mencionar “despojo de agua por parte de industriales a edjidatarios”.

3.- En Ley General de Aguas se contempla un “mayor aprovechamiento” de los bienes inmuebles que se requieran para la construcción, operación, mantenimiento, conservación, rehabilitación, mejoramiento o desarrollo de las obras públicas hidráulicas, ello a través de un coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para privilegiar el rubro y establecer “consorcios de distribución del vital líquido”.

4.- En ese sentido y según recoge El Tiempo, el dictamen también determina un “mínimo vital”, es decir, un volumen de agua para consumo personal y doméstico, fijado en 50 litros diarios personas, “los necesarios para permitir al individuo cubrir sus necesidades básicas”.

5.- Igualmente, también se busca estimular y fortalecer las capacidades administrativas, técnicas y de gestión, así como “la autosuficiencia financiera” de los prestadores de servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, ello a través de industrias privadas que podrán solventar todos estos encargos.

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