Ratifican demanda de Juicio Político contra exalcalde de Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor., 19 de diciembre de 2022.- El presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, ratificó la demanda de Juicio Político contra su antecesor, Antonio N, a quien se busca inhabilitar por la comisión de diversas irregularidades y delitos durante su administración, algunas de las cuales lo llevaron a prisión en septiembre pasado.

“A partir de este momento toca ya al Congreso del estado la revisión de los requisitos para, en su caso, iniciar y emplazar a juicio al denunciado. Nosotros estimados que la administración pasada que encabezó Antonio Villalobos, incurrió en varias de las hipótesis que contempla la ley (para enjuiciarlo políticamente) y no hemos querido dejar pasar la oportunidad de que el Congreso tenga conocimiento de ellas”, expresó el munícipe.

Urióstegui Salgado se presentó este lunes en el Congreso del estado de Morelos para ratificar la demanda que permitirá a los diputados analizar, y en su caso, fallar a favor o en contra de la medida solicitada por la alcaldía de Cuernavaca, la cual es una de varias acciones iniciadas por las diversas irregularidades localizadas en su periodo como alcalde de Cuernavaca.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno de Cuernavaca, la actual administración ha enderezado 32 denuncias contra el exalcalde, a quien se le señala de diversas irregularidades administrativas y de desvíos por más de 430 millones de pesos. Justo por una de estas ilegalidades ya se encuentra en prisión preventiva desde hace tres meses.

Según las leyes de Morelos, la demanda de Juicio Político puede interponerse contra un exservidor público hasta un año después de haber dejado el cargo. Villalobos Adán dejó la presidencia municipal de Cuernavaca el pasado enero de 2022, por lo que la demanda de juicio político fue interpuesta en tiempo ante el Congreso del estado.

La ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos indica que un Juicio Político también puede incoarse con el servidor público aún en el puesto, y en caso de proceder, generaría la destitución del mismo. En todos los casos, las sanciones observan una inhabilitación por varios años en caso de que se les encuentre responsables de los delitos que se les señala.