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Cuauhtémoc marca la ruta
Preocupante el aumento de un delito que aparte de estar tipificado como grave en las normas penales, resulte de suma afectación para la institución más importante en la humanidad, que es la familia. Me refiero al delito del abuso sexual infantil. La gravedad resulta que de cada 10 delitos de abuso sexual 7 de ellos son cometidos en el entorno familiar. Bajo esta circunstancia es necesario preguntarse sí, ¿Merece ser encarcelado inmediatamente el que lo cometa?
Es importante citar las reformas del artículo 19 de la Constitución Política de México, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales en el numeral 167, en las que se decretó la imposición de la prisión preventiva oficiosa en los casos de abuso o violencia sexual contra menores.
Pero para conceptualizar el delito en cita, el Código Penal del Estado de Morelos en el artículo 162, lo define como aquella acción realizada sin el propósito de llegar a la cópula, en la que se ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad, que no tenga capacidad de comprender, que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o que la obligue a ejecutarlos. Ilícito que contempla como pena de condena, la prisión por un lapso de entre ocho a diez años de prisión, según el grado de culpabilidad que se atribuya al sentenciado. Además establece como agravante de la pena que ésta se incremente hasta en una mitad más, cuando en la ejecución del abuso el activo empleare violencia física.
Estadísticamente los registros que se tienen en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el delito de abuso sexual infantil se insiste que son alarmantes, ya que dictamina que tan solo en el Estado de Morelos, durante el primer trimestre del año, es decir de enero a marzo de 2022, se han registrado el inicio de 77 carpetas de investigación, de las cuales se desprenden un total de 83 víctimas, realizándose la precisión que el mayor número de víctimas de estos delitos fueron mujeres, lo cual representa el 96% del total de los agraviados. Además, se señala que este delito se comete de forma frecuente en menores de entre 10 a 14 años de edad, representado el 47% del total de las víctimas, siendo el municipio de Cuernavaca en donde se concentra el mayor número de casos, es decir, el 17% del total Estatal.
Los resultados estadísticos son una alerta que debe atenderse por las autoridades competentes, para establecer políticas públicas vinculantes para evitar la comisión de este delito, además es importante que en los centros educativos se establezcan medidas de prevención y cultura de denuncia; pero lo más importante corresponde a los padres de familia y a los responsables de los menores o discapacitados, quienes deben proteger y cuidar de ellos, ya que hacerlo no tiene precio.