La simulación de delitos electorales, una amenaza para la democracia

En otras publicaciones he referido sobre los recursos electorales interpuestos que resultan frívolos, y en ese sentido, apreciamos que entre más cercano es el día de la jornada electoral, se agudiza la guerra sucia; sin embargo, hay actores políticos que abusan de las circunstancias; es decir, que simulan delitos electorales.

En un proceso electoral, la publicidad se hace en teoría con la intención de fomentar la igualdad y proporcionalidad para todas y todos los participantes. En la etapa que llevamos del proceso electoral, se están viviendo prácticas que dan mucho en que pensar y dudar si será transparente e imparcial. Es por ello oportuno recordar que la comisión de un delito tiene la posibilidad de tener consecuencias jurídicas,que pueden ser desde multas, hasta la pena privativa de la libertad, en otras palabras, cárcel a los infractores.

De los hechos notorios, se tiene la percepción de los posibles delitos de simulación que de acuerdo al código penal, consisten en que la persona simule ante la autoridad ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciar una inexistente, provocando con ello actuaciones procesales. Por otra parte, las denuncias falsas que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, imputen a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal.

De lo antes señalado, preciso que las diferencias que caracterizan a estos delitos de simulación y denuncias falsas, se puede desprender que cuando se simula un delito no se imputa a persona concreta (el autor es desconocido o genérico), mientras que la denuncia falsa se interpone contra una persona concreta acusándolo de la comisión de un delito, a sabiendas de que no lo hay.

Por otra parte, también la simulación puede existirdesde aparentar ser integrante de un grupo indígena o ser miembro de los grupos de diversidad sexual con tal de ser candidat@s y conseguir su objetivo personal; a esto se le llama un delito, por la razón de falsear su identidad ante una autoridad, además de que va más allá del juzgamiento social y mediático, quedando como un precedente en su trayectoria política.

Los “beneficios” que logran las o los actores de estas malas prácticas o supuestas estrategias, es hacerse publicidad electoral adicional ante los contendientes, fingiendo ser víctimas y con esto lograr mayor posicionamiento ante el electorado. Concluyo citando que las instituciones en la materia, deben constitucionalmente garantizar que las elecciones sean verdaderamente auténticas y libres. Las instituciones electorales deben definir los elementos necesarios para la construcción de un equilibrio político y social que favorezca al estado de derecho y con ello, una auténtica participación ciudadana.