
En Morena caben muchos, pero no todos: Nahle sobre Yunes
COLIMA, Col., 7 de junio de 2020.- En medio de un proceso lleno de irregularidades y faltas a los procesos parlamentarios, en el que hubo burdas acciones de simulación de comparecencias y de aprobación de dictamen de procedencia; protestas de resistencia pacífica, toma del edificio del Congreso, diputados golpeados por la Policía antimotines e impedidos de acceder a la sesión de este martes; la traición a Morena del presidente del Poder Legislativo y de dos legisladores más señalados todos de venderse al PRI gobierno, pero sobre todo de una abrumadora falta de análisis, transparencia, honestidad y de consulta a la población, con el voto de 15 de 25 diputados, se autorizó al Poder Ejecutivo de Colima que terminará sus funciones en un año, a contratar deudas bancarias a pagarse hasta en 20 años, durante un poco más de tres administraciones estatales que sucederán a la actual, y endeudando a varias generaciones de colimenses. Según el gobernador Ignacio Peralta, con el financiamiento autorizado a contratar, el Gobierno del Estado de Colima destinará 500 millones de pesos más para la conclusión del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i) que por segunda vez ha visto incrementado su presupuesto; 176 millones de pesos para inversiones en materia de atención a la salud con motivo de la pandemia del Covid 19, tema en el que presuntamente ya se gastaron 100 millones de pesos sin que los hayan justificado plenamente; y 46 millones para concluir el proyecto de restauración del Palacio de Gobierno que pretenden convertir en un centro cultural y de espectáculos cuando tienen como elefante blanco la Casa de la Cultura, el Teatro Hidalgo y las instalaciones del portal donde nació el primer Presidente de México colimense, Miguel de la Madrid, en el centro de la Ciudad de Colima.
Los restantes 18 millones de pesos serán para los gastos y costos derivados de la contratación de los créditos, como lo establece el artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, el cual fija un tope máximo de 2.5 por ciento. La autorización de la contratación del o los créditos, señala que el plazo del financiamiento es por un periodo de hasta 20 años o 240 meses o 7 mil 300 días, a partir de la primera disposición del o los empréstitos.