Soy Gobernadora de territorio, no de escritorio: Margarita
CUERNAVACA, Mor., 29 de noviembre 2018.- Ante las evidencias de que no ha pasado los controles de confianza y una serie de irregularidades fehacientes de las últimas semanas, en esta ocasión es inminente la salida del fiscal general, Uriel Carmona Gandara. También se contempla que quede fuera del gobierno el fiscal anticorrupción Juan Salazar Nuñez.
Versiones hechas llegar de fuentes fidedignas a Quadratín señalan que durante semanas, el secretario de gobierno Pablo Ojeda y subsecretario José de Jesús Guízar Nájera protegieron las estancia del fiscal bajo el argumento de que removerlo era anticonstitucional.
Incluso en la CES el titular vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros y su equipo expresaron su inconformidad por diversos actos y fallas en procesos y en integración de averiguaciones que permitieron la salida de personas aparentemente ligadas con hechos delictivos graves.
El escándalo al interior del gobierno estalló esta semana y provocó incluso el severo enojo del gobernador Cuauhtémoc Blanco y del jefe de la oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz.
Ambos se reunieron con diputados con quienes se definió dar paso al proceso legal que corresponda, bien para exigir la renuncia del Fiscal o para provocar su destitución.
En este contexto, la bancada del PT encabezada por los diputados Tania Valentina Rodríguez y José Casas González dieron la tarde de este jueves una conferencia de prensa en la que señalaron y demostraron con documentos que el fiscal Uriel Carmona Gandara no ha sustentado los exámenes de control de confianza que exige el sistema nacional de seguridad mientras que el fiscal anticorrupción ni siquiera aparece en la base de datos por lo que legalmente no pueden ocupar los cargos en los que están.
Lo más preocupante del asunto y que fue lo que desató el enojo de Cuauhtémoc Blanco y José Manuel Sanz es la supuesta protección que con mentiras o argumentos legaloides le brindaban tanto Pablo Ojeda como su subsecretario José de Jesús Guízar Nájera.
Quadratín intentó desde el jueves por la mañana conocer la versión del secretario Pablo Ojeda sin respuesta de su parte y uno de sus más cercanos colaboradores indicó que no será posible hablar con él tampoco este viernes por cuestiones de su apretada agenda de trabajo.
La fuente digna de todo crédito de Quadratín señaló que una vez descubierta esta red de protección ahora si se hará todo lo legalmente posible para remover al fiscal, ya sea a través de su renuncia o su destitución.
La nueva maniobra de la que ahora se señala pretende asumir el secretario de gobierno es que ante la inminente salida de Uriel Carmona, traer a un fiscal de la Ciudad de México, postura que ha recibido ya el rechazo interno del primer círculo de poder.
Todo este problema se revela en momentos en que el índice delictivo en Morelos se ha disparado y cuya razón, Uriel Carmona simplemente la atribuye al cambio de gobierno. Así lo declaró a los medios de comunicación.
Además la CES, navega en un mar de carencias con pocas patrullas y con solo 1600 policías, es decir con 800 efectivos diarios, ya que trabajan en turnos de 24 horas.
Esta situación también deja en posición muy endeble al propio secretario de gobierno Pablo Ojeda y al subsecretario José Guízar.
En la próxima sesión del pleno del congreso del estado se intentará nuevamente subir a tribuna la demanda de remoción del fiscal, a la que en principio se ha opuesto la bancada de Morena. Lo que preocupa a los actores políticos locales es que atrás de la negativa de los diputados de esa bancada, está la operación política de Zoé Robledo, que el próximo sábado asumirá como subsecretario de gobernación en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.