La CIDH observa muchas fallas en caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de noviembre 2018.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta el Informe Final del Plan de trabajo de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa (MESA o Mecanismo Especial), en el marco de su séptima visita oficial a México, realizada el 26 de noviembre de 2018. 

El Mecanismo Especial ha dado seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). La delegación de la visita estuvo encabezada por la Primera Vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el Segundo Vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva, titulares del Mecanismo Especial, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La CIDH realizó esta visita con el objetivo de presentar a las partes de la Medida Cautelar MC 409/14 – Estado mexicano y peticionarios– los principales hallazgos, retos y desafíos que la CIDH ha observado en estos dos años sobre el Asunto Ayotzinapa. Este informe da cuenta de las acciones realizadas por el Estado mexicano para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos a través de la búsqueda; la investigación para esclarecer hechos; la atención de las víctimas y familiares y las medidas de no repetición, por los atroces eventos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. En estos dos años de funcionamiento, la CIDH realizó 6 visitas oficiales lideradas por las y los Comisionados y el Secretario Ejecutivo, 5 visitas técnicas del personal de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, 5 reuniones de trabajo y 4 audiencias públicas realizadas en los periodos de sesiones de la Comisión. Asimismo, el MESA elaboró 5 cuestionarios dirigidos al Estado mexicano y respondidos oportunamente, en los que indagó sobre el avance de la investigación respecto de los temas priorizados por las partes que integran la medida cautelar y que fueron contenidos en un cronograma de trabajo. Para la realización de este informe, la CIDH revisó 618 tomos remitidos por la Procuraduría General de la República, que contienen actuaciones hasta el mes de julio de 2018.

A dos años del funcionamiento del MESA se facilitaron espacios de interlocución entre las partes. Asimismo, la CIDH a través de su mandato, impulsó la realización de una serie de diligencias para la búsqueda, la investigación y la atención a las víctimas, las cuales fueron consideradas por el Estado. 

En materia de búsqueda y a más de cuatro años de haber ocurrido la desaparición, la CIDH observa que el Estado mexicano contrató el sistema LIDAR, que sirve para verificar perturbaciones en el terreno, dicho sistema se utilizó en una zona de 60 km2 alrededor de Iguala, sin obtenerse resultados positivos. El análisis de estas acciones se realizó de manera conjunta entre las autoridades y los familiares. El MESA llama a las autoridades mexicanas a obtener la cooperación de personas detenidas a través del ofrecimiento de paquetes de incentivos contenidos en leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos. Además, para la CIDH es fundamental que se cuente con una base de datos de personas desaparecidas y de fosas clandestinas en el estado de Guerrero para facilitar las búsquedas y para contar con un análisis comprehensivo del contexto de la desaparición en Guerrero. Si bien se han realizado esfuerzos en aspecto, estos son aún iniciales.

Respecto a la investigación, la CIDH toma nota que se haya recopilado una amplia cantidad de información en la investigación que conduce la PGR. La Comisión observa la inclusión de averiguaciones previas en el expediente principal provenientes desde la Fiscalía de Guerrero y de otras subprocuradurías de la PGR; así como la información recibida por medio de las asistencias jurídicas internacionales entre México y Estados Unidos que podrían aportar datos relevantes en la investigación que deben ser profundizados. 

El Mecanismo Especial observa que persisten una serie de desafíos como: una investigación fragmentada, incompleta y sin una directriz clara investigativa; falta de detenciones y consignaciones por desaparición forzada; falta de detenciones de actores estatales por acción u omisión. Preocupa a la Comisión que aún no haya un cambio en la narrativa oficial en relación con la línea de investigación del Basurero de Cocula, a pesar de lo señalado por esta Comisión, el GIEI, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La CIDH observa que tres mecanismos de coordinación – Centro de Operaciones Estratégicas (COE); el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMUS) – que por sus características concentran acciones coordinadas de autoridades municipales, estatales y federales, podrían haber sido activados, o tener conocimiento de los hechos ocurridos, días antes a la noche del 26 de septiembre, lo que requiere ser profundizado. 

Sobre la investigación de miembros del 27 Batallón, el Informe da cuenta del seguimiento que se habría realizado por parte de funcionarios militares sobre las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, lo que amerita una indagación exhaustiva. En relación con las personas señaladas por su vínculo con organizaciones criminales, se recomienda hacer una contrastación de la información que obra en diversas constancias en el expediente. 

En relación con la investigación sobre las policías municipales, la CIDH considera necesario determinar la posible participación de las policías de Tepecoacuilco, Pilcaya, Eduardo Neri, Buenavista de Cuéllar y Apaxtla; y lugares cercanos a Iguala. La CIDH observa que existen importantes elementos probatorios, como la telefonía y la balística, que permiten establecer la presencia de policías de Huitzuco en escenas de los hechos, por tal razón es importante que se presenten nuevamente los pliegos de consignación por el delito de desaparición forzada en contra de estos policías. 

La Comisión recomienda que, en relación a la Policía Federal, se contraste la información de las declaraciones con la obtenida en los análisis telefónicos de la PGR. Asimismo, se debe clarificar la cadena de mando, el traslado de personal de este cuerpo policial hacia Iguala, la remoción de la plantilla de la estación de Iguala el 13 de octubre de 2014, la información que obra en el expediente sobre el seguimiento a las actividades de los estudiantes desde el día 25 de septiembre de 2014, y la posible relación de uno de los mandos de la PF en el estado con integrantes de Guerreros Unidos. Además, el Estado debe continuar con las acciones de investigación que permitan presentar consignaciones más sólidas, en relación a la actuación de tres elementos de la Policía Federal y otros de la Policía Ministerial de la Procuraduría Local. 

De igual manera, en relación con la Policía Estatal, se deben esclarecer las acciones emprendidas por este cuerpo de seguridad, a partir del presunto resguardo en el Centro Regional de Adiestramiento Policial (CRAPOL). Ello en contraste con las declaraciones que mencionan la presencia de esta policía en varios escenarios donde ocurrieron los hechos de violencia, situación que presenta serias dudas sobre las razones del resguardo de dichas instalaciones en la noche de los hechos y la instrucción dada por las autoridades superiores estatales. 

Sobre telefonía, la PGR ha identificado nueve celulares de los estudiantes desaparecidos, que habrían tenido actividad posterior a los hechos del caso. Dos de ellos habrían estado en manos de autoridades municipales y estatales. Por ello, se recomienda seguir con el análisis de esta información, por la obtención de dato para determinar de manera objetiva el paradero de los estudiantes en las horas posteriores a los hechos. En cuanto a la balística es necesario que se determine la responsabilidad respecto a la destrucción de dieciséis fusiles de la policía municipal de Iguala y se profundice la investigación de 9 fusiles adicionales relacionados con los hechos del caso, que se encontrarían resguardados por la PGR. 

En relación con presuntas irregularidades cometidas por las autoridades en el caso, la CIDH observa la falta de avances. Por ejemplo, sigue pendiente de resolverse un recurso de Amparo interpuesto por los familiares ante la conclusión emitida por la nueva titular de la Visitaduría respecto de las irregularidades en las diligencias realizadas en el Río San Juan. Además, está pendiente el avance en las investigaciones sobre el supuesto ocultamiento de la libreta de Sidronio Casarrubias al GIEI, así como sobre la actuación de un funcionario de la PGR que conforme a lo expresado por uno de los supuestos líderes de Guerreros Unidos, estaría vinculado con grupos criminales. Otros temas pendientes son la investigación por el espionaje al GIEI y a los abogados de las familias, y lo relacionado a las denuncias de tortura a personas detenidas.

Por otra parte, el Informe del Mecanismo Especial da cuenta de las medidas para la Atención a Víctimas sobre las cuáles la CIDH toma nota de la atención brindada a Edgar Vargas y a Aldo Gutierrez Solano, y exhorta al Estado mexicano para implementar las recomendaciones del Informe Yo sólo quería que amaneciera, así como seguir dando atención médica permanente y a las medidas de asistencia requeridas.

Finalmente, sobre las medidas de no repetición, el MESA observa que en el marco de la implementación de la Ley en materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sigue presentando varios retos en relación con su funcionamiento; sobre la Ley General de Tortura, la CIDH recomienda la aplicación del Protocolo de Estambul como herramienta objetiva. 

La Comisión espera que su Informe Final del Mecanismo de Seguimiento del Asunto Ayotzinapa contribuya a orientar la implementación de las recomendaciones de la CIDH y del Grupo de Expertos para determinar el paradero de los estudiantes y avanzar hacia una investigación que determine los hechos, así como la responsabilidad de quienes participaron en los ataques contra los estudiantes normalistas. Para ello, presenta conclusiones y recomendaciones al Estado para orientar el cumplimiento de la medida cautelar.

La Comisión Interamericana continuará dando seguimiento a la medida cautelar MC 409/14 hasta que persistan los elementos que dieron origen a dicha medida, se encuentre a los estudiantes y se conozca la verdad de los hechos ocurridos en Iguala. La CIDH reafirma su compromiso y disposición con el Asunto Ayotzinapa, tal como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades a los familiares y a sus representantes. La Comisión llama al Estado mexicano a redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de los estudiantes normalistas, conocer la verdad de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, brindar una atención integral a las familias y asegurar que estos hechos atroces no vuelvan a ocurrir.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.u