Alejandra Navarrete, del activismo social al privilegio del gobierno

CUERNAVACA, Mor., 23 de octubre del 2018.-La mujer que generó polémica por su sueldo de 40 mil pesos en Quintana Roo es Alejandra Navarrete Hernández,originaria de Cuautla, Morelos, donde obtuvo el cargo como secretaria particular de Alberto Capella Ibarra mientras encabezó en la entidad la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP), pero la página de transparencia la colocó como Directora de Atención Ciudadana con licenciatura en Psicología, sin detallar el salario que percibió.

En 2015 María Hernández y su hermana Amalia, hicieron pública la irregularidad con la que la Fiscalía General del Estado trató el cuerpo de Oliver Navarrete Hernández, de ocupación comerciante, hijo de María y hermano de Alejandra.
El cuerpo de Oliver Navarrete a sus 31 años de edad fue encontrado en un paraje a la salida oriente del municipio de Cuautla y fue sepultado en diciembre del 2014 luego de haber sido exhumado de una fosa común en un panteón particular en Tetelcingo.

La madre y tía de Alejandra encabezaron una férrea lucha por la negligencia criminal con que se condujeron las autoridades al inhumar los restos de Oliver en una fosa común cuando se encontraba plenamente identificado.
Mientras que ambas lanzaban fuertes críticas al Gobernador Graco Ramírez, fuertes lazos unían a Alejandra con el comisionado de Seguridad Pública.

La mujer que generó polémica por su sueldo de 40 mil pesos en Quintana Roo como Secretaria de Alberto Capella no es la que fue difundida en notas periodísticas y redes sociales y tampoco ha sido modelo como se informó.

Fue en una reunión con Capella Ibarra con los familiares de Oliver durante la movilización donde la invitó a trabajar en la CES donde se mantuvo varios meses.

Por la intensidad de las protestas el Gobernador obligó a Capella Ibarra a pedir favores e instalarla en un cargo en la Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México y regresó a Morelos una vez que se calmaron los ánimos.

Las protestas por la fosa común ubicada en un panteón particular en Tetelcingo, del municipio de Cuautla irritó en demasía a Graco Ramírez e intensificó la discordia con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez quien junto con el líder del Movimiento por la Paz, la Justicia y la Dignidad, Javier Sicilia representaban la oposición social que no toleraba Graco Ramírez.
Alberto Capella no fue el primer funcionario con que se le vinculó a Alejandra ya que una vez que fue coronada como Reina de las Fiestas Patrias de Cuautla en el año 2010 con la administración de Luis Felipe Güemes Ríos, tuvo un idilio con el entonces regidor Benito Orozco Velezmoro -más tarde director administrativo del ISSSTE en Cuautla- que la llevó a laborar en el ayuntamiento municipal y después al Hospital General de Cuautla donde estuvo poco tiempo.

Así, también María junto con su hermana pudieron obtener preferencias del fiscal general Javier Pérez Durón, las críticas aminoraron y detonó el distanciamiento con el rector Vera Jiménez y Javier Sicilia Sardaín que rompió el activismo por los derechos humanos y respeto a las víctimas.
Es precisamente con los recursos destinados a familiares de víctimas que la familia Hernández es señalada por recibir beneficios para descendientes de Amalia pero no para hijos de Oliver a quienes su madre se los llevó de la entidad.

Promovieron decenas de manifestaciones que atrajo también a organizaciones de otros estados de la república, marchas para exigir “Justicia” y una serie de denuncias penales en contra de funcionarios públicos que continúan vigentes; es con el cambio de administración que nuevamente Amalia y María enarbolan protestas al fiscal general.

La investigación por la muerte de Oliver, encontrado en un barranco con el tiro de gracia continúa detenida al igual que la exhumación de más cadáveres en Tetelcingo y Jojutla, al sur del estado.
En mayo de este año trascendió que la participación de Amalia Hernández como “activista” aprovechándose de la irregularidad con la que se trató el cuerpo de su sobrino fue aprovechada además para obtener vehículos y guardaespaldas pagados por la Fiscalía General del estado para el servicio particular así como tener a su disposición a elementos policiacos de la zona como beneficio adquirido además de gasolina pagada con recursos públicos.

Se trata de un Nisssan Tsuru 2009 color plata con placas de circulación 01030, Ford tipo Ranger 2009 placa 01091; Chévrolet Optra 2009 placa de circulación PXN1065 y tres elementos asignados al servicio de los hijos como respuesta a su silencio que mantuvo durante los últimos meses sin que avanzara la exhumación de los cuerpos de las fosas.