
Argumentan elección de Vargas Téllez en TSJ Morelos
CUERNAVACA, Mor., 10 de octubre 2018.- Tras la supuesta instalación de tecnología de espionaje en la sede el Gobierno del Estado, tal como lo denunciaron autoridades del Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo, magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), calificaron como lamentable en caso de que se compruebe la veracidad, por lo que llamaron a que se presenten las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR).
En entrevista, la magistrada del Tercer Circuito con sede en Cuautla, Nadia Luz María Lara Chávez aseguró que en caso de que sea comprobable la instalación de los aparatos de espionaje, podría ser catalogado como “zancadillas” al nuevo gobierno de Cuauhtémoc Blanco; debido a que sólo son actitudes inmaduras de quienes sean los responsables.
Explicó que en caso de que sea comprobado el supuesto espionaje en contra de la nueva administración del Poder Ejecutivo, éstos deberán de presentar una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) delegación Morelos así como a la Fiscalía General contra quienes resulten responsables de aquellas personas quienes colocaron los aparatos de tecnología, debido a que sólo por mandato judicial, se podría realizar un “espionaje” en alguna investigación de un delito.
“No es posible que en un estado de derecho haya este tipo de situaciones, ya que el delito se tendría que investigar, la escucha de conversaciones ajenas, si está tipificado en la ley, incluso como delito federal, ya que la ley prohíbe, es más en una investigación formal ministerial, ninguna autoridad no puede ocupar ese tipo de instrumentos o de los aparatos de telefonía de alguna persona de manera arbitraria, debe de haber solicitud ante un juez (…) Si se estaría cometiendo un ilícito en contra de la esfera de facultades de la autoridad a quien se le esta invadiendo de esta manera y a los políticos”.
Por tal motivo, Lara Chávez aseveró que la sanción dependerá de las investigaciones y el delito que se configure, ya que podría haber una sanción desde los tres meses hasta más de 20 años de prisión, por ello, llamó a las autoridades estatales la promoción de las denuncias penales en agravio a las nuevas autoridades estatales.