Revertirán facultad del gobernador para disponer del patrimonio estatal

CUERNAVACA, Mor., 24 de septiembre 2018.- Durante la comparecencia de la titular de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Miriam Lariza Rodríguez Galíndez, diputados de la LIV Legislatura se comprometieron a revertir el decreto aprobado por la LIII Legislatura, a propuesta de Graco Ramírez, por el que se reformó el marco jurídico de este organismo, y a que en adelante cualquier trasmisión de dominio de los bienes inmuebles del estado será una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Legislativo.

Al acudir ante el Congreso en el marco de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, Rodríguez Galíndez señaló que dicha Comisón llevó a cabo diversas acciones tales como la modificación del decreto de creación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, la reforma integral del acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la liquidación de los extintos organismos públicos descentralizados denominados INVIMOR y CAPROMOR, lo anterior con la finalidad de contribuir a brindar certeza jurídica en el patrimonio tanto a los ciudadanos como al gobierno.

Al fijar su postura, la legisladora Ariadna Barrera Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, señaló que la pasada legislatura fue comparsa del gobierno en turno para facultar al mandatario estatal a tener a su discreción el patrimonio estatal, apoyándose para tales fines en la Comisión Estatal de Reservas Territoriales, lo cual reflejó que la LIII Legislatura era sólo una “ventanilla de trámites para el gobernador, al tiempo de restar facultades a esta soberanía”.

Agregó que MORENA revisará en esta legislatura el marco normativo del uso y disposiciones de las reservas naturales del estado, para que el Congreso pueda ser de nueva cuenta un órgano “que limite los excesos como los que el gobierno en turno ha tenido”.

Al respecto, la diputada Dalila Morales Sandoval, coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PAN, también se refirió a la reforma que promovió el titular del Poder Ejecutivo, para restar atribuciones a este Congreso, pues a partir de esta modificación, el Ejecutivo ya no tiene que pedir autorización al poder Legislativo para enajenar las propiedades o inmuebles del estado, “lamentamos que la anterior legislatura haya aceptado amputarse una de sus atribuciones, pero hay que decirlo, a nadie sorprendió tanta falta de decoro, pues fue el sometimiento su signo de identificación”.

Enfatizó que la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, considera junto con organizaciones ciudadanas, que la capacidad de enajenar el patrimonio y la reserva territorial de Morelos, no deben ni pueden ser facultad exclusiva de una persona; porque el Legislativo no puede abdicar a su tarea de fiscalización y de ser contrapeso del Ejecutivo, por lo que anunció presentará una iniciativa para revertir la reforma de Graco Ramírez, y en adelante cualquier trasmisión de dominio de los bienes inmuebles del estado será una responsabilidad compartida entre Ejecutivo y Legislativo.

En tanto, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PRI, Rosalina Mazari Espín, destacó que en Morelos cerca del 60% de su población está ubicada en el 23.42% del territorio estatal, es decir en los municipios que rodean la ciudad de Cuernavaca y que se conoce como la zona metropolitana, pero “lo preocupante es que en Morelos cerca del 90% de los municipios no tienen actualizados sus instrumentos de planeación”.

De igual manera, consideró que el gobierno estatal que concluye, no hizo un esfuerzo suficiente para armonizar y tener vigentes los programas municipales de desarrollo urbano y que con esto se tuviera una mayor certeza jurídica de ordenación territorial, porque “ese abandono de no actualizar sus programas que por mandato de Ley es una obligación, lo que origina es erosionar de forma institucional el uso indebido del territorio”.

Ante sus homólogos legisladores, la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PNA, Blanca Nieves Sánchez Arano,  subrayó que las políticas gubernamentales no han llevado a cabo beneficios para lograr el orden territorial para la certeza jurídica de la tierra, pues no hay una institución que garantice a los morelenses el acceso a una vivienda y las dependencias que en su caso lo pudieran hacer, se encuentran en proceso de liquidación, “en resumen puede observarse que es una institución que no ha cumplido con el objetivo de su creación”.

En tribuna, la diputada Maricela Jiménez Armendáriz, coordinadora del Grupo Parlamentario del PES, dijo que sólo han sido mentiras y falta de claridad a las preguntas que se realizaron durante la comparecencia, “esto nos provoca mayor sospecha sobre la actuación de la Comisión Estatal de Reservas Territoriales”; lamentó, que a lo largo de seis años de la actual gestión gubernamental no ha podido garantizar el derecho a la vivienda que tienen más de tres mil familias que han servido  en la función pública de nuestra entidad.

En su oportunidad, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PT, Erika García Zaragoza, señaló la falta de trasparencia con la cual se ha manejado la Comisión, ya que al igual que otras secretarías que han comparecido ante el Recinto Legislativo, ha dejado muchas dudas en cuanto al manejo de los recursos, lo que afecta a todos y cada uno de los morelenses.