Acusan a vecino de dañar patrimonio histórico en Jonacatepec

JONACATEPEC, Mor., 14 de septiembre del 2018.- El próximo 27 de septiembre se llevará a cabo una audiencia de formulación de imputación que enfrenta Roberto L.M. por el probable delito de daño a un monumento histórico cuyos daños ascienden a 250 mil pesos, de acuerdo a la agente del ministerio público.
Ante un juzgado federal se revisa el caso de un presunto daño al patrimonio histórico en el municipio de Jonacatepec al derribar una estructura desprendida por el sismo del 19 de septiembre del 2017; a casi un año se llevará a cabo una audiencia inicial de formulación de imputación en contra de dos adultos mayores por derribar los restos de adobe de la construcción.
Ubicado en el primer cuadro del municipio de Jonacatepec, el inmueble marcado como la Notaría Número 1 para el estado de Morelos cuyo titular es Valentín de la Cruz Hidalgo, se ostenta como inmueble histórico aunque su solicitud esté aún en proceso ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El pasado 21 de noviembre el vecino contiguo decidió remover los escombros que aún quedaban luego del derribe que hicieron elementos del ejército mexicano como parte del servicio a la comunidad después del siniestro para evitar mayores riesgos a la población.
Se trata del muro que divide ambas propiedades por lo que se inicia un litigio civil y posteriormente ante la justicia federal al documentar el INAH la afectación al monumento aunque no ha sido declarado.
Con causa penal 145/2018, además de los particulares, como diversa persona ofendida el INAH representada por la coordinación.
Con el sismo la propiedad quedó inservible incluyendo el muro que acusado asegura que se encuentra dentro de las medidas de su escritura y a través de un juicio de deslinde se determinará a quién pertenece.
Al no ser intrínseco, el inmueble necesita una declaración que debe ser sometida a análisis por especialistas para determinar su trascendencia cultural; sin embargo, se da por hecho que es histórico y la pena podría alcanzar de 3 a 10 años de prisión, señaló el abogado defensor de las personas imputadas, Alfonso González Mendizabal quien consideró que no existe investigación exhaustiva ni objetiva por parte de la Fiscalía federal al precisar que uno de los dos imputados es un amigo que ayudó al propietario a remover escombros.